Diario de León

El juez que investiga el «saqueo de Marbella» avisa del riesgo de fuga

Roca vuelve a prisión hasta que complete tres millones de fianza

El ex asesor de Urbanismo estaba en libertad desde hace diez días tras pagar un millón de euros

Roca compareció ayer en la Audiencia Nacional, donde le fue comunicada la nueva decisión

Roca compareció ayer en la Audiencia Nacional, donde le fue comunicada la nueva decisión

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Alfonso Torices - madrid
León

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La Audiencia Nacional devolvió ayer a prisión al ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) Juan Antonio Roca. El juez Pablo Rafael Ruz, que instruye el caso denominado el saqueo de Marbella , ordenó, pasadas las cuatro de la tarde, su ingreso en la cárcel madrileña de Soto del Real. Considera que existe «un elevado riesgo de fuga» del acusado, al estar próxima la celebración del juicio, en el que se enfrentará a una petición fiscal de diez años de prisión y a la exigencia del pago de una indemnización de 36 millones de euros. Ruz, magistrado sustituto al frente del Juzgado Central de Instrucción 6, acuerda que si Roca quiere eludir la prisión deberá pagar una fianza de tres millones de euros, que se sumarán a los 450.000 euros que ya abonó en 2002 en esta misma causa para evitar su encarcelamiento. Se trata de la primera actuación de resonancia pública de este juez en la Audiencia nacional, en la que ocupa desde hace una semana y de manera interina la plaza dejada por Juan del Olmo. El ingreso en prisión de Roca se produce sólo una semana y media después de que el titular del Juzgado número 5 de Marbella, Oscar Pérez, instructor de la «operación Malaya», le dejase en libertad provisional, tras dos años en la cárcel, una vez que pagó una fianza de un millón de euros. Roca tardó 18 días en conseguir el dinero para satisfacer la caución, que, según sus abogados, fue reunido por familiares y amigos. El caso saqueo de Marbella I se instruye en la Audiencia Nacional desde 2001, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, e investiga los supuestos delitos cometidos por ex alcalde Jesús Gil (fallecido), Roca y varios miembros más del gobierno municipal, entre 1991 y 1995, cuando se supone que desviaron 36 millones de euros del patrimonio municipal a empresas privadas a través de facturación ficticia.

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