El PP leonés propone rebajas fiscales que atenúen la caída del sector inmobiliario

Aliviar el fuerte proceso de ajuste que sufre el sector de la construcción, especialmente el inmobliario, y evitar que la crisis tenga consecuencias en el conjunto de la economía autonómica, es el objetivo de la proposición no de ley que el Grupo Popular presentará en las Cortes de Castilla y León para su debate en el pleno de esta semana. Los procuradores populares presentaron ayer esta iniciativa, que según defendió Javier García- Prieto pretende ser «constructiva y de colaboración de cada a conjuntar las políticas nacional y autonómica en un marco de colaboración». El procurador leonés explicó que la propuesta «no sólo es realista sino que las medidas sugeridas las comparten la mayoría de los ciudadanos». Según García-Prieto, la iniciativa tiene dos partes: «Una consideración de carácter general, que es promover un gran pacto nacional entre todas las administraciones y que tiene que sustanciarse de forma global; y otra en favor de la recuperación de un sector económico y la política de facilitar una vivienda digna». Cuanto antes Además, la propuesta reclama que no se dilate la toma de decisiones sobre las medidas anunciadas: «Hace un mes nadie, especialmente el Gobierno central, quedría reconocer la situación de dificultad. Ahora ya nadie discute que la construcción sufre un proceso de ajuste muy fuerte». Las propuestas populares en este sentido pasan por reformar el Impuesto de la Renta a las Personas Físicas y la Ley de la Propiedad Horizontal; la ampliación del IVA reducido a las viviendas protegidas de promoción privada; la revisión del real decreto del Plan Estatal de Vivienda; el incremento de recursos públicos en favor del sector; el incremento de la licitación pública para compensar la caída de la vivienda y la modificación de la Ley del Suelo. El procurador popular explicó que todas estas medidas tratan al final de «poner en común todos los recusos públicos en favor de un sector que está en crisis». En este sentido, recordó la aprobación la semana pasada del anteproyecto de Ley de Medidas de Urbanismo y Suelo, que permitirá desarrollar actuaciones de interés autonómico con el objetivo de poner suelo residencial en el mercado a precio más reducido. En este suelo se edificará al menos un 50% de viviendas protegidas. «Las políticas de vivienda de la Junta y la propuesta de Ley de Urbanismos pretenden al fin que el gobierno autonómico se convierta en agente urbanizador, con el fin de que pueda apoyarse la demanda menos solvente de aquellas familias que tienen mayores necesidades de financiación», concluyó García Prieto.