El proyecto de Ibarretxe asegura en su texto que no precisa permiso del Estado

El Gobierno vasco irá «hasta el final» en su intención de consultar a los ciudadanos cómo afrontar el fin de ETA, por lo que anunció ayer que hará frente al recurso ante el Tribunal Constitucional anunciado por el Ejecutivo si el proyecto de ley que permitirá convocar el referendo es aprobado por el Parlamento. Los socios de Gobierno del lendakari, Eusko alkartasuna y Ezker Batua, defendieron este jueves que la consulta es «legal y democrática» y advirtieron de que tienen previsto «hasta el último paso» para que la iniciativa prospere. El proyecto de ley aprobado el miércoles por el Ejecutivo autonómico basa la convocatoria de la consulta prevista para el 25 de octubre en el artículo 9.2 del Estatuto de Guernica, que establece la obligación de los poderes públicos vascos de facilitar la «participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social». El proyecto precisa que no se trata de un referéndum ni es vinculante jurídicamente por lo que «no necesita la previa autorización del Estado». Por lo tanto, añade, no le afecta la ley orgánica que regula las distintas modalidades de referendos, si bien defiende su validez «política y social». Juan José Ibarretxe acudió a la Cámara vasca al filo del mediodía junto con los miembros de su Consejo Político, Joseba Azkarraga (EA) y Javier Madrazo (EB), para entregar el proyecto de ley de la consulta a la presidenta de la institución, Izaskun Bilbao. El documento prevé con detalle un procedimiento similar al de unas elecciones autonómicas, por lo que la consulta será convocada 40 días antes de su celebración, el 15 de septiembre. El proyecto alude en su exposición de motivos a la exigencia del fin de la violencia y recuerda que el 27 de septiembre de 2007, cuando anunció su hoja de ruta, el lehendakari hizo una «oferta institucional de pacto político» al presidente Zapatero, sustentado en el «rechazo a la violencia y en el respeto a la voluntad de la sociedad vasca», que no ha prosperado, por lo que el Parlamento vasco deberá autorizar la celebración de una consulta. Esta iniciativa servirá para «desbloquear la situación política» y abrir una negociación entre todos los partidos para alcanzar un acuerdo en el que se establezcan «las bases de una nueva relación entre la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Estado español». El procedimiento contemplado para celebrar la consulta se sustenta en la Ley de Elecciones al Parlamento vasco, con distintas adecuaciones como, por ejemplo, que las «facultades atribuidas» a los partidos políticos se referirán a los grupos parlamentarios. Todo está previsto, desde el gasto en propaganda y la designación de las mesas electorales hasta los 15 días de campaña, así como la jornada de reflexión y la colaboración de la oficina del Censo Electoral. En las disposiciones finales se autoriza al departamento de Interior a «dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y la aplicación» de la Ley y al de Hacienda para «habilitar los créditos necesarios».