De la Vega asegura que carece de base legal asegurar que una iniciativa así no es un referéndum
El Gobierno cree «insostenibles» los argumentos de la consulta de Ibarretxe
El PP preguntará en el Congreso al Ejecutivo cómo va a conseguir frenar la iniciativa vasca
El Gobierno sabe que su rechazo a la propuesta de consulta popular de Juan José Ibarretxe sumado al repudio de ETA a esa misma iniciativa sitúa al lendakari en su lugar preferido, la equidistancia, mas no por ello va a modificar su actitud. El Ejecutivo rebatió ayer los argumentos legales invocados por el Gobierno vasco para sustentar su iniciativa porque, además de ser «inconstitucionales», carecen de «base jurídica». Las apelaciones del presidente vasco a que la consulta popular que propone no se trata de un referéndum o que no tiene carácter vinculante fueron recibidas con desdén en La Moncloa. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega garantizó que el Ejecutivo va a ser «firme» en su oposición a la iniciativa de Ibarretxe dentro de los límites que marca la Constitución y los procedimientos del Estado de Derecho. Decir, prosiguió la portavoz gubernamental, que la consulta popular no es, en estricto sentido, un referéndum o que el resultado de la misma no es vinculante para quien la convoca «carece de base jurídica». Fernández de la Vega subrayó además que tanto el primer argumento como el segundo «son inconstitucionales», al igual que el proyecto de ley entregado en el Parlamento vasco, que es «manifiestamente contrario a la Constitución». La vicepresidenta lamentó que el Ejecutivo de Vitoria, en vez de elaborar un proyecto legislativo para que «los demócratas se distancien de los violentos», haya optado por presentar un texto que, «lejos de unir, divide a la sociedad vasca». En este sentido, la portavoz gubernamental se negó a valorar el escrito de ETA que también rechaza la propuesta de Ibarretxe porque «no comenta comunicados de una banda de asesinos». Mientras, el PP quiere que el Ejecutivo descubra sus cartas ante la iniciativa del lendakari y la portavoz opositora, Soraya Sáenz de Santamaría, preguntará a la vicepresidenta en la sesión de control del Congreso del próximo miércoles qué medidas piensa adoptar el Gobierno ante el reto planteado.