El Parlamento pide al Gobierno un registro de pederastas para evitar casos como el de Mari Luz

El Parlamento urgió ayer al Gobierno a que ponga en marcha cuanto antes un registro específico de violadores y pederastras para evitar que se repitan los episodios de descoordinación judicial que propiciaron que Santiago del Valle, el asesino de la niña onubense Mari Luz Cortes, estuviera en libertad a pesar de que ya tenía una sentencia firme por abusar de su propia hija. La proposición no de ley de reforma del Código Penal, impulsada por el PP y matizada por socialistas y CiU, reclama las «modificaciones normativas oportunas» para que en el ya existente Registro Central de Penados y Rebeldes se cree un apartado especial sobre los acusados de delitos sexuales. En este archivo se recogerán las sentencias (firmes y no firmes), medidas cautelares y requisitorias de estos delincuentes. A estos archivos podrán acceder las fuerzas de seguridad, los fiscales y los jueces. La idea original del PP era que esta base de datos fuera independiente, aunque socialistas y catalanes convencieron a los «populares» de que era más útil que este archivo estuviera dentro del registro ya existente en el Ministerio de Justicia. La creación de este fichero había sido una de las demandas que los padres de Mari Luz hicieron al presidente del Gobierno y al líder de la oposición. Cortés y otros familiares de la niña asesinada, además del alcalde de Huelva, el «popular» Pedro Rodríguez, asistieron al debate. Además de estos archivos, los grupos pidieron al Ejecutivo un proyecto de ley para la reforma del Título VIII del Código Penal (delitos contra la libertad e integridad sexuales) para «elevar las penas» de los violadores cuando sus agresiones sean contra víctimas «especialmente vulnerables por razón de su edad, enfermedad o situación». Los partidos también abogaron por el «cumplimiento efectivo (que no íntegro) de las penas» en los casos de abusos a niños o personas desprotegidas. Igualmente instaron a que los poderes públicos pongan en marcha «medidas eficaces» para el control de los «delincuentes patológicos» que sean puestos en libertad a pesar de tener un «pronóstico elevado de reincidencia». La aprobación de la moción gozó de consenso, a pesar de las enmiendas de socialistas y catalanes al texto del PP.