El centro excluye de revisiones a pacientes que no son de Burgos
La Junta de Castilla y León, el Procurador del Común y el Defensor del Pueblo han admitido a trámite la queja de una familia leonesa ante la negativa de la unidad regional de trastornos alimentarios de Burgos de hacer las revisiones a su hija, que fue dada de alta en el centro tras dos meses de hospitalización. La unidad rechazó continuar el proceso terapéutico de la joven pese al informe de una psiquiatra de los equipos de salud mental de León que subraya: «Consideramos fundamental para la recuperación de esta paciente el seguimiento en esa unidad específica dadas sus características y la posibilidad de una frecuencia de consultas de las que en este centro no disponemos». La respuesta de la unidad de Burgos, firmada por su coordinadora y por el jefe del servicio de psiquiatría fue tajante: «Los pacientes de otras provincias son derivados, al alta de hospitalización, a los equipos de salud mental de referencia de su provincia, con el fin de continuar el proceso terapéutico (incluida la readquisición de las actividades cotidianas y la readaptación funcional) en el medio comunitario de origen». Los responsables de la URTA lamentan en la contestación a la paciente «no poder ofrecer la asistencia requerida» al «no disponer de consulta ambulatoria para pacientes externos a la provincia de Burgos». Recalcan también que la atención en la unidad «se destina a pacientes afectos de trastornos de la conducta alimentarios graves y refractarios y el ámbito de asistencia regional es exclusivamente hospitalario». «La única opción que mi hija tiene en León es ir a la consulta de psiquiatría cada tres o cuatro meses y, cuando salió del hospital, nos recomendaron un seguimiento más periódico», lamenta el padre de la joven, que decidió tomar cartas en el asunto y escribió al presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, al presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, al consejero de Sanidad, Álvarez Guisasola, así como al Defensor del Pueblo y el Procurador del Común. Estos tres últimos ya han contestado. En concreto, el consejero, de quien en última instancia depende la unidad de Burgos, se muestra muy «preocupado» por «el seguimiento que desde los equipos de salud mental de Castilla y León deben proporcionar a su hija». Sin embargo, de momento se ha limitado a «trasladar» la reclamación a la Gerencia de Atención Especializada de Burgos. «¿En qué provincia de Castilla y León vivo yo? La Junta centraliza unos servicios a los cuales mi hija no puede acceder», se queja el padre de la joven afectada. En la carta que remitió a las autoridades recuerda que durante el ingreso de su hija en Burgos -entre noviembre del 2007 y enero del 2008- «mi mujer y yo nos trasladábamos de León a Burgos y viceversa para ver a nuestra hija». Además, una hermana de la paciente tuvo que dejar su trabajo de enfermera en Palma de Mallorca para poder acompañarla, «tal y como recomienda el tratamiento». Nadie en Sacyl se ha ocupado de explicar a esta familia si tiene derecho a cobrar alguna compensación económica por los gastos que ha ocasionado el traslado. Pero tampoco pedimos dinero -recalca el padre- sólo pedimos dignidad y sensibilidad humana a la clase política de Castilla y León, a la vez que pedimos los mismos derechos sanitarios que disfrutan los habitantes de Burgos en este caso». La familia y la joven están muy satisfechos del trato y el tratamiento recibido en el hospital Divino Valles durante el período de hospitalazación. Y no es para menos. El paso por esta unidad ha sido determinante para la recuperación de la joven, que llevaba varios años arrastrando la anorexia nerviosa purgativa sin que los tratamientos anteriores tuvieran éxito. «Ni siquiera nosotros éramos conscientes de que se trataba de una enfermedad, pensábamos que lo hacía porque quería», explica el padre. Ahora la joven está bien, pero la familia tiene miedo a una recaída.