Cuando el juez no da permiso para recuperar la Historia

Los investigadores llevan tiempo quejándose. A pesar de que una ley avala su trabajo y de que los datos que reclaman deberían ser públicos, quienes se están encargando de realizar los censos sobre los hombres y mujeres represaliados durante la Guerra Civil y el franquismo aseguran que el acceso a los registros civiles no siempre es fácil. El caso más cercano es el que ha vivido la Asociación de Estudios sobre la Represión en León (Aerle), que se ha pasado meses fondeando en los archivos para realizar el mayor censo posible de represaliados. Han sido tantos los obstáculos para conseguir los datos que sus responsables decidieron presentar una queja ante el Consejo General del Poder Judicial, puesto que muchos jueces les negaron el acceso a los registros. Para iniciar el trabajo de recopilación de datos, esta entidad envió a los siete magistrados encargados de los registros civiles de los respectivos partidos judiciales solicitudes para la recogida de datos. Según un informe realizado por Aerle, el resultado fue el siguiente: en Ponferrada, incluso con la autorización facilitada, hubo impedimentos en muchos registros; en León, los dos únicos ayuntamientos que se negaron a facilitar los datos requeridos fueron Pajares de los Oteros y Villaquilambre; en Villablino no se percibieron demasiados inconvenientes; en Astorga, fue imposible acceder al registro de San Justo de la Vega; en La Bañeza, se consiguieron todos los datos pero fueron aportados uno a uno por el propio magistrado; en Sahagún no hubo problemas como tampoco los hubo en Cistierna. Como consecuencia de estas investigaciones, la asociación ha podido desvelar que en el Archivo Penitenciario de León hay un total de 15.579 expedientes relativos a personas fusiladas durante la Guerra Civil y la Guerrilla. El principal objetivo del estudio era cuantificar a los represaliados, pero con el trabajo se logró llegar algo más lejos «obteniendo una gran cantidad de datos referidos a estas personas y se ha configurado un verdadero archivo de la represión con el que, en el futuro, se podrán desarrollar estudios de carácter histórico por parte de investigadores».