El Gobierno intenta que no se celebre una vista pública en el caso Batasuna

El Gobierno intenta evitar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resuelva el recurso planteado por Batasuna contra su ilegalización en 2003 por el Tribunal Supremo en una vista pública. La Abogacía del Estado, en un escrito enviado a la corte europea, advierte de que si al final opta por esta fórmula los grupos que forman el entorno de ETA utilizarán la vista para desencadenar una campaña de «propaganda» y «poner en cuestión la actividad legítima de los poderes públicos» de España. Los servicios jurídicos del Estado utilizan idéntico argumento para tratar de convencer al TEDH de que dé marcha atrás y resuelva el recurso a través de un tribunal ordinario, compuesto por siete jueces, y no avoque el caso, como tiene previsto, a la denominada Gran Sala, una especie de tribunal plenario constituido por 17 magistrados. Al Ejecutivo no le cabe duda de que la inhibición en favor de la Gran Sala no sería «en absoluto neutro», pues permitiría al entorno de la banda terrorista vender el asunto ante la opinión pública europea como una primera victoria en el proceso, al haber conseguido que la corte dé a su caso un tratamiento excepcional, por considerar que puede sentar un precedente jurídico. El escrito de la Abogacía, de sólo dos folios, contesta a la carta que la sala ordinaria remitió el 4 de julio al Ministerio de Justicia, en la que le comunicaba su intención de inhibirse ante la Gran Sala y le consultaba si tenía algo que alegar. Fue esta sala quien admitió a trámite el recurso que Batasuna planteó en 2003 diciembre. El Gobierno opone a la decisión varios criterios jurídicos. Considera que la inhibición, que no cree justificada, sólo generaría nuevos retrasos indebidos en un asunto que se planteó hace cinco años ante el tribunal.