El PP propone igualar el trato a etarras con el de los pederastas y maltratadores

El Gobierno y el Partido Popular buscan desde hace semanas vías para endurecer las leyes contra los terroristas de ETA que ya hayan cumplido sus penas pero no hayan mostrado arrepentimiento por sus crímenes ni pagado las indemnizaciones establecidas en sus sentencias. Los populares propondrán en septiembre una serie de medidas al Ejecutivo para evitar que se repitan casos como el del etarra José Ignacio de Juana Chaos, que quedó libre y con plenos derechos tras cumplir sólo 21 años de los más de 3.000 a que fue condenado por 25 asesinatos y otros crímenes terroristas. Borrador La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, desveló este martes que su partido ha elaborado «un borrador que vamos a presentar al Partido Socialista acerca de la responsabilidad civil de los terroristas, para que no puedan ocurrir casos como los recientemente conocidos de terroristas que disfrutando de bienes se declaran insolventes». «Ha ocurrido toda la vida, pero ahora los casos son más evidentes y efectivos», resaltó la número dos del partido opositor. Los casos a los que se refiere De Cospedal son los recientes escándalos suscitados por el regreso a sus lugares de origen de Iñaki de Juana y de Cándido Azpiazu. El primero volverá a San Sebastián para vivir en un barrio donde habitan varias víctimas de ETA, y en un piso que era de su madre, pero que antes de morir vendió a la esposa del terrorista, Irati Aranzábal, para burlar su más que probable embargo y subasta por el Estado para pagar las indemnizaciones fijadas en las sentencias. Cándido Azpiazu, por su parte, abrió una cristalería -que después fue embargada por orden de la Audiencia Nacional- en el edificio donde vive la viuda del militante de UCD Ramón Baglieto, al que asesinó en 1980. De Cospedal subrayó que para evitar esta clase de asuntos el PP trabaja en lo que denominan «medidas post-condena o de aseguramiento y alejamiento de los condenados por terrorismo, para que las víctimas no tengan que sufrir la humillación de vivir con ellas». El presidente de su partido, Mariano Rajoy, anunció a comienzos de agosto que acometerá con el PSOE en septiembre reformas para impedir a los ex condenados acercarse a sus víctimas y obligarles a pagar las indemnizaciones.