La AVT pide que se prohíba la manifestación de Bilbao porque ETA está detrás

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efe | madrid

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La Asociación Víctimas del Terrorismo, AVT, ha solicitado en la Audiencia Nacional que se prohíba la manifestación convocada para mañana en Bilbao bajo el lema «Stop al estado de excepción», al considerar que los organizadores forman parte del entramado de ETA, principalmente de ANV y de EKIN. Además, la asociación ha interpuesto una querella contra los organizadores de otra concentración que se celebró el pasado día 9 en San Sebastián a los que acusa de permitir consignas referentes a la lucha armada de ETA, tales como « el único camino es la lucha» o no «habrá paz sin amnistía». Así lo ha anunciado la AVT en una nota de prensa en la que también lamenta que la Fiscalía no haya encontrado motivos para pedir la suspensión de la manifestación de mañana en Bilbao, lo que, a su juicio, «demuestra que las asociaciones de víctimas del terrorismo y asociaciones cívicas son la única esperanza en la lucha judicial contra la apología del terrorismo». La petición de la AVT de que se prohíba esta manifestación se suma a las que ya hicieron en este mismo sentido a principios de esta semana Dignidad y Justicia y un particular. La Fiscalía ha considerado que no existen elementos para prohibirla, al no constar que «tenga por objeto enaltecer el terrorismo» ni que haya sido convocada por miembros de Acción Nacionalista Vasca, EKIN o cualquier otra organización ilegalizada, tal y como informó en su momento la Consejería de Interior del Gobierno vasco, que no ha prohibido la concentración. Requiere al convocante Por su parte, la Audiencia Nacional remitió ayer un escrito al departamento de Interior del Gobierno vasco para que requiera al convocante de la manifestación de mañana en Bilbao a aclarar si tras la marcha habrá alguna alocución y, en caso afirmativo, el nombre del orador, para poder determinar si está relacionado con ANV. Según la consejería de Interior, la Audiencia Nacional ha señalado que la negativa a facilitar estos datos por parte del convocante podría suponer la ilegalidad de la convocatoria al entender que ésta «en modo alguno se encontraría gestionada por su persona, sino por una organización ilegalizada o suspendida de actividades».

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