El Poder Judicial acentúa de nuevo su perfil político

El acuerdo entre el PSOE y el PP para renovar el Poder Judicial pone fin a la anormalidad institucional que suponía que este órgano llevara casi dos años en funciones, pero no cumple el principal objetivo que los dos partidos decían haberse marcado: el nuevo Consejo no es más plural y sí más político. Así se deduce de una primera lectura de la lista de los nombres de los veinte vocales que tomarán posesión de sus cargos el próximo día 23, entre los que hay una ex secretaria de Estado con el PSOE (Margarita Robles), un consejero autonómico del PP (Fernando de la Rosa) y dos ex diputados nacionalistas (Ramón Camp y Margarita Uría). También cabe dudar de que el Gobierno socialista haya logrado su objetivo de trasladar al Poder Judicial la mayoría progresista que reflejaron los resultados electorales de 2004 y del pasado mes de marzo, ya que el PP -con nueve vocales- se asegura una minoría de bloqueo que hará imprescindible su acuerdo para las decisiones más importantes, en las que se requiere una mayoría de tres quintos. La inclusión de un representante propuesto por el PNV -Uría- en lugar del que en el anterior consejo tuvo IU y la presencia una vez más de un vocal de CiU tampoco parece que vaya a ayudar a conseguir esa mayoría, especialmente en cuestiones como la despenalización parcial del aborto o de la eutanasia, sobre las que el Gobierno ha abierto el debate y el CGPJ deberá pronunciarse. Aunque los informes del Consejo no son vinculantes -sí preceptivos en asuntos como éstos, ya que implicarían una reforma del Código Penal-, una opinión contraria en estas cuestiones volvería a dar la imagen de enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, como ya ocurrió cuando el actual CGPJ se pronunció sobre el matrimonio homosexual o el Estatuto de Cataluña.