El lendakari «admite» la resolución del Constitucional aunque la tilda de «atropello democrático »
Ibarretxe lleva a Europa la demanda contra España por vetar su consulta
Llama a la sociedad a sumarse a la denuncia para defender el «derecho a recurrir»
«Acatamos, pero no nos resignamos». Juan José Ibarretxe encajó así la sentencia del Tribunal Constitucional que situó fuera de la ley la norma de consultas que aprobó el Parlamento vasco y que, por consiguiente, dejó en nada la consulta que pensaba convocar para el 25 de octubre. El lendakari tachó el fallo judicial de «atropello democrático» y «atentado al autogobierno», además de «una amenaza a la democracia». Anunció asimismo que su Ejecutivo fomentará una «movilización pacífica en lo social y activa en lo político» para que la sociedad vasca defienda su «derecho a decidir» ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. «Ha llegado el momento de acudir a las instancias europeas», señaló en una comparecencia celebrada en Ajuria Enea junto a todo su gabinete, con el que se reunió en Consejo de Gobierno extraordinario para analizar la decisión de la corte constitucional. El lendakari, que no dio opción a que se formulasen preguntas, confirmó que él mismo y sus consejeros se adherirán «como ciudadanos» a la demanda que promoverán PNV, Eusko Alkartasuna, Ezker Batua y Aralar el próximo 23 de septiembre contra el Reino de España ante el Tribunal de Derechos Humanos. Una decisión que supone un cambio de planes porque su intención inicial era respaldar esa iniciativa legal el próximo martes en un acto político convocado a tal efecto. Ibarretxe se sumará ahora a la que presentarán los partidos una semana después. En esta travesía, el jefe del Ejecutivo de Vitoria pretende conceder todo el protagonismo a la ciudadanía consciente de que la legitimidad para acudir a Estrasburgo no reside en las instituciones -porque forman parte del Estado demandado- sino en las personas afectadas por la decisión del Constitucional y en los partidos a través de demandas individuales. En atención a esta doctrina, instó «formalmente» a la sociedad vasca a que «denuncie política y jurídicamente ante el Tribunal de Derechos Humanos al Reino de España por haber incumplido el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales» al haber vetado el plebiscito. «Primero se nos negó el derecho a decidir, después se nos ha negado el derecho a consultar, a dar nuestra opinión. No permitamos que ahora se nos niegue también el derecho a recurrir», propuso. El lendakari justificó la denuncia ante Estrasburgo en que es «lógico y legítimo» que, «una vez cerradas todas las vías jurisdiccionales internas», el recurso pueda plantearse »en otras instancias supraestatales para comprobar si las actitudes políticas del Gobierno de España y los razonamientos jurídicos de su Tribunal Constitucional son compatibles con lo que en Europa se llama libertad de pensamiento y de expresión del mismo, y participación política y garantías de la misma». Ibarretxe se aferró al aval que el Tribunal de la UE concedió a la autonomía fiscal de Euskadi, que confirmó que el País Vasco tiene potestad para aplicar impuestos diferentes a los del resto de España, para encarar con «esperanza» la demanda en Europa. «Creemos que puede pasar lo mismo con el derecho de la sociedad vasca a dar su opinión y, por tanto, tenemos que mirar al futuro con confianza en nosotros mismos», señaló.