| Análisis | La sociedad sugiere |
Cómo pagar obras sin que afecte la coyuntura económica
El Colegio de Ingenieros propone fórmulas alternativas de financiación, como plusvalías de otros proyectos o recargos en impuestos
La coyuntura económica, sea la que sea, afecta directamente al proyecto inversor del ferrocarril puesto que la operación se financia principalmente con las plusvalías que generará la venta de los terrenos liberados tras el soterramiento. Instituciones como el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Castilla y León se han puesto en marcha para plantear propuestas que minimicen el impacto de la crisis sobre las actuaciones urbanísticas relacionadas con la llegada de la Alta Velocidad. Los ingenieros recomiendan, entre otros aspectos, que el Gobierno y la Junta de Castilla y León aumenten sus aportaciones directas y que plusvalías procedentes de otros proyectos urbanísticos de la capital se destinen a inversión ferroviaria. «Ministerios como el de Defensa, que está enajenando terrenos en muchas capitales, pueden destinar las plusvalías a esta operación», indicó el presidente de este colectivo profesional, Javier Arribas. Los ingenieros plantean, incluso, que se puedan establecer recargos en algunos impuestos municipales como el IBI o la ORA «porque en definitiva es un proyecto para la ciudad», añadió. Financiación mixta Entre sus propuestas también está la combinación de una financiación amortizable mixta, en la que el 70% podría ser aportado por entidades privadas y el resto, por instituciones públicas. El coste estimado de las actuaciones superará los 400 millones de euros. La financiación se cubrirá con 168 millones del Gobierno y de la Junta, por lo que los 232 millones restantes han de salir de las operaciones inmobiliarias de venta de suelo con usos lucrativos, que supondrá la edificación de más de un millón de metros cuadrados de suelo. Para ello será necesario acudir a una financiación exterior que sirva para adecuar los flujos de gastos e ingresos. Pero los ingenieros advierten de que los elevados intereses pueden suponer una carga para la amortización de los préstamos y un sobrecoste para el precio final del metro cuadrado edificable. Por esta razón, según este colectivo es importante que en una actuación con el plazo de ejecución de ésta se diseñe una estrategia flexible de comercialización del suelo, puesto que la venta de éste es la principal fuente de ingresos para la actuación. Dada la competencia en la oferta de otros suelos urbanizados, ya en manos de promotores inmobiliarios, no es descartable prever un plazo de ejecución completa de 15 a 20 años.