El registro de pederastas se abrirá en el primer semestre del 2009

Los jueces decanos de toda España expresaron ayer su rechazo «rotundo» a las «constantes injerencias» de responsables políticos a decisiones que «exclusivamente son competencia» del Consejo General del Poder Judicial. Los magistrados difundieron un comunicado en el que consideran «intolerables» las indicaciones sobre la sanción que se debería imponer al magistrado sevillano Rafael Tirado, sancionado con 1.500 euros por no haber ejecutado la sentencia que habría encarcelado a Santiago del Valle y evitado que asesinara a la niña Mari Luz Cortes. Los decanos opinan que los políticos proponen medidas «según su particular criterio», por lo que expresaron su confianza en que el máximo órgano de gobierno de los jueces «esté a la altura de las circunstancias como máximo garante de la independencia judicial». Afirman también que con las críticas desde el Gobierno a dicha sanción de 1.500 euros «se pretende ocultar su responsabilidad en las seculares carencias de medios personales y materiales para afrontar la abrumadora carga de trabajo que soportan los juzgados». El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, rechazó las críticas sobre injerencias políticas en la función del Consejo del Poder Judicial y negó que supongan una intromisión en su labor porque «no se critica el poder judicial que detenta cada juez», sino «decisiones de un órgano constitucional» que están «sometidas a crítica» Insistió en que la decisión del CGPJ, «aprovechando el último instante en que va a permanecer en el cargo para resolver con una sanción pecuniaria» es una «provocación», reclamó «autocrítica» al colectivo de secretarios judiciales, que han anunciado movilizaciones en solidaridad con la funcionaria del juzgado de lo Penal de Sevilla suspendida de empleo y sueldo por dos años. «No puedo compartir que dicha sanción sea injusta», dijo Fernández Bermejo y explicó que no parecería así «si antes no se hubiera dejado en una mera multa la sanción al gran responsable del órgano judicial». «No se puede pretender que la culpa sea del sistema -concluyó- porque si así fuera sería evidente que tendríamos todos los días casos como éste, que ha sido excepcional porque se han dado un cúmulo de negligencias que no se dan a diario», apostilló. El ministro destacó que la máxima preocupación de su departamento son las carencias del sistema judicial, «que vienen de muy largo» y anunció que en el primer trimestre de 2009 se pondrá en marcha el Registro de Medidas Cautelares y Sentencias No Firmes, que permitirá saber si una persona investigada tiene alguna causa abierta.