Bermejo: «Si los jueces quieren hacer creer que son intocables, no lo van a conseguir»

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, acusó ayer a los jueces de querer presionar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que mantenga la sanción al juez Rafael Tirado y advirtió de que «si alguien pretende ser intocable, no lo va a conseguir». Fernández Bermejo cree que el paro de los secretarios judiciales y la «huelga encubierta» de los jueces, que paralizaron este martes la actividad procesal en toda España, responde a un «corporativismo desmedido». El Ministerio de Justicia y Presidencia no se mordieron la lengua y salieron en tromba. Consideran que los jueces «han alentado» el paro de los secretarios con la convocatoria de juntas en todos los tribunales, lo que ha repercutido en el funcionamiento habitual de los juzgados, pese a las reclamaciones del consejo para que esto no ocurriera. El secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, señaló que «llama la atención» que algunas juntas de jueces fueran convocadas «antes, durante o después» de la huelga de los secretarios judiciales, lo que paralizó «por completo» la actividad de algunos tribunales de Valencia, Barcelona o Madrid. Y no se arrugó en calificar estos hechos como una «huelga encubierta» de los magistrados, llevados por un «corporativismo desmedido» e «inexplicable», cuando éstos, de momento, no tienen derecho a la huelga. Unas declaraciones que fueron ratificadas por el portavoz del grupo parlamentario socialista, José Antonio Alonso, juez en excedencia y antiguo miembro del CGPJ, para quien el paro careció de «justificación alguna». La secretaria de organización del PSOE, Leire Pajín, mostró su respeto a los secretarios judiciales, pero advirtió, al igual que Fernández Bermejo, de que «nadie puede ser intocable». Desde el Partido Popular, Federico Trillo, portavoz de Justicia, recordó que hubo «excesos de opinión» en las críticas a la sanción impuesta a Rafael Tirado, cuando «desde la política no debe hacerse una valoración de las decisiones internas en órbita disciplinaria». Más duro fue Javier Arenas, presidente del PP andaluz, que denunció la «persecución» del Gobierno a los funcionarios de la administración de Justicia y le exigió que fuera «respetuoso con la independencia de los jueces». «El PP no apoya la huelga -afirmó- pero yo entiendo las razones de la indignación de muchos jueces, fiscales, secretarios y funcionarios». Injerencia «inaceptable» La alta judicatura también salió a escena con sendos comunicados emitidos por los magistrados del Tribunal Supremo y los jueces centrales de la Audiencia Nacional, en los que denunciaron la injerencia del poder político en el ámbito jurídico y reclamaron la reforma de la administración de Justicia. El escrito, firmado por 46 magistrados del alto tribunal, la mayoría a excepción de los del Contencioso que no lo ratificaron para evitar ser recusados en un futuro si llegase a sus manos el 'caso Mari Luz', calificaron de «inaceptables» las presiones de algunos miembros del Gobierno en relación al expediente que el consejo tramita contra el juez Tirado y aseguraron, además, que la labor del CGPJ no atiende a «demandas sociales o políticas, justicialistas y de ejemplaridad». De fondo, la elección de miembros del CGPJ aún colea y también ha sido objeto de algunas de las últimas polémicas. «Llama la atención que algunas juntas de jueces se convocaran durante la huelga» JULIO PÉREZ Secretario de Estado de Justicia