El Senado pide más informes de los candidatos para el Constitucional

El Senado acordó ayer pedir informes suplementarios a siete parlamentos autonómicos sobre cuatro de los 23 candidatos a magistrado del Tribunal Constitucional. Entre los afectados por la medida, figura el ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial Enrique López, avalado por el PP y rechazado por el PSOE. Las dudas de la cámara alta radican en si estos aspirantes han cumplido el requisito de 15 años de ejercicio profesional efectivo. La renovación de la corte constitucional, pendiente desde hace diez meses, lleva el camino de convertirse en el cuento de nunca acabar. El Senado tiene en su poder desde hace casi un mes los nombres de los candidatos elegidos por los parlamentos de las comunidades, pero aún no ha resuelto si cumplen las condiciones exigidas para el cargo. Una dilación que no obedece a incapacidad sino a que la Mesa de la institución no quiere someter a votación en el pleno los nombres de cuatro candidatos sin garantías de que sean elegidos. Su designación requiere una mayoría de tres quintos, un listón que sólo se puede alcanzar con el acuerdo de PSOE y PP, y ese entendimiento parece aún muy lejano por el rechazo de los socialistas a López y la negativa de los populares a sustituirlo. Así las cosas, el Senado se dedica a ganar tiempo hasta que los dos grupos mayoritarios lleguen a un entendimiento. Primero, solicitó a los servicios jurídicos de la cámara un informe, pero los letrados alegaron que no podían cumplir la misión y devolvieron el encargo a la Mesa. El órgano rector de la cámara ha solicitado ahora a los parlamentos autonómicos «un complemento de información», en palabras del vicepresidente de la Mesa Isidre Molas, y ha dado diez días para responder. En realidad serán dos semanas de plazo porque la Mesa se reúne los martes, y, en el supuesto de que todos los parlamentos contesten en tiempo y forma, la Mesa no estudiará los informes hasta el 4 de noviembre, con la esperanza de que para entonces socialistas y populares consigan entenderse. Quince años Los responsables de la cámara alta no tienen claro que López, así como dos candidatos propuestos por el PSOE, Juan Carlos Campo y Fernando Valdés, elegidos por los Parlamentos de Andalucía y de la Comunidad de Madrid, y el designado por la cámara de Vitoria a propuesta del PNV, José Luis Aurtenetxe, cumplan el requisito de los 15 años de ejercicio profesional efectivo. Los datos referidos al ex portavoz del Consejo del Poder Judicial tendrán que ser cumplimentados por los Parlamento de cinco comunidades, Castilla y León, La Rioja, Extremadura, Madrid y Cantabria, que dieron su aval a López. La Mesa del Senado, con los datos que tiene, no puede certificar que los cuatro lleven 15 años de ejercicio ya que alternan periodos de desempeño profesional como jueces o letrados con años en comisión de servicios en distintas instituciones nacionales o autonómicas, y no hay un criterio definitivo sobre si esas actividades se computan como ejercicio efectivo. Pero más allá de las formalidades burocráticas, el problema de fondo es que PSOE y PP no están de acuerdo. Los socialistas rechazan a los dos aspirantes propuestos por la oposición, López y el ex presidente del Tribunal Supremo Francisco Hernando, ambos se significaron en la pasada legislatura por sus posturas beligerantes hacia el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero. Los socialistas aceptan que podrían aceptar a Hernando, pero de ninguna manera a López. El PP no cede y recuerda que pactaron no vetar nombres. El presidente del Gobierno y Mariano Rajoy tocaron de pasada el asunto en su última reunión del 14 de octubre, pero no avanzaron nada en el desbloqueo de la situación