El fiscal presenta una queja contra Garzón por su actuación sobre el franquismo

La impunidad que ha acompañado durante años a los asesinos de los jesuitas españoles en El Salvador podría tener los días contados si prospera la querella criminal que hoy presentaron en la Audiencia Nacional la Asociación Pro Derechos de España (Apdhe) y el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), un equipo de juristas con sede en Estados Unidos. La demanda atañe al antiguo presidente de El Salvador y jefe del Ejército, Alfredo Cristiani Burkard, y a otros 14 antiguos militares por su participación en el asesinato de seis sacerdotes, cinco de ellos españoles, y dos mujeres ocurridas en una universidad salvadoreña en 1989. Los querellantes han presentado el caso en la Audiencia Nacional amparados en el principio de justicia universal que recoge la Constitución española, el mismo que permitió el arresto del dictador chileno Augusto Pinochet por el juez Baltasar Garzón. Para ello alegan cargos por crímenes de lesa humanidad, encubrimiento y terrorismo de estado. La demanda ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 6 del citado tribunal, cuyo titular es el magistrado Eloy Velasco. En la misma acusan como autores materiales de la masacre a 14 antiguos oficiales y soldados del Ejército salvadoreño, mientras que al ex presidente Alfredo Cristiani le imputan un delito de encubrimiento de los crímenes, ya que, aseguran, tenían pleno conocimiento del plan orquestado para asesinar a los religiosos, entre ellos los españoles Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, cuya imagen tendidos boca abajo en el jardín de la Universidad Centro Americana José Simeón Cañas dio la vuelta al mundo. «Subversivos y politizados» Los crímenes se enmarcaron en un contexto de guerra en El Salvador después de la ofensiva del Frente Farabundo Martín de Liberación Nacional, de ideología marxista. Los jesuitas se habían erigido en intermediarios entre unos y otros, partidarios de la vía de la negociación, pero el Ejército decidió quitárselos de en medio entre acusaciones de «marxistas, subversivos y politizados», con el silencio complaciente del Vaticano y la jerarquía eclesiástica española, según recordó ayer el teólogo Juan José Tamayo. En 1991 se llevó a cabo un juicio penal en el país centroamericano marcado por las innumerables irregularidades. Algunos autores materiales reconocieron los hechos, pero se borraron las referencias a cualquier planificación orquestada por mandos militares. El juez sólo encontró a dos culpables de los asesinatos, entre ellos un coronel, a los que condenó a 30 años en prisión, pero tres años después fueron puestos en libertad gracias a la Ley de Amnistía aprobada por el parlamento bajo el mando de Alfredo Cristiani. Los querellantes esperan que al tratarse de crímenes de lesa humanidad no haya amnistía que proteja a los asesinos, por ello han presentado la demanda bajo el principio de justicia universal. Ahora corresponde a la Fiscalía de la Audiencia Nacional informar si la jurisdicción nacional es competente para investigar aquellos asesinatos. En caso positivo, el juez comenzaría la instrucción en la que podría pedir una comisión rogatoria a las autoridades salvadoreñas para que identifiquen a los encausados y les comuniquen los cargos que se les imputan. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado un recurso de queja ante la Sala de lo Penal en el que califica de «procesalmente incorrecta» la decisión del juez Garzón de no tramitar ante este órgano el escrito que el Ministerio Público presentó para evitar que el instructor investigara los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo. Al respeto, el Ministerio Público justifica que recurriera directamente a los magistrados superiores al juez para evitar «retrasos y dilaciones». En una nueva petición presentada a la Sala el pasado 30 de octubre, el fiscal-jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, señala que el auto mediante el que el juez Garzón se negó a tramitar su recurso de apelación por no haberlo interpuesto antes en reforma ante él «vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso». Aplaza la recusación Por otra parte, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional retrasó ayer para la próxima semana la deliberación sobre la recusación presentada por Carmen Negrín Fetter, nieta de Juan Negrín, último presidente de la Segunda República (1931-1936), contra los diez magistrados de este órgano que votaron a favor de paralizar de forma cautelar la apertura de fosas de la Guerra Civil y el franquismo autorizada por el juez Baltasar Garzón.