El órgano de gobierno admite que su elección es un factor de malestar en la judicatura
El Poder Judicial reclama a los TSJ que impidan que haya una huelga de jueces
El presidente se reunió con los tribunales superiores y les reclamó que calmen los ánimos
Carlos Dívar, con los presidentes de los tribunales superiores existentes en las autonomías
madrid
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quiere parar los pies a los jueces y sus amenazas veladas de convocar paros laborales para el próximo 18 de febrero. Para ello, el presidente Carlos Dívar y varios vocales reunieron hoy en Madrid a los presidentes de 16 tribunales superiores de Justicia -”faltó a la cita el de Baleares-” para buscar su complicidad, pedirles que calmen los ánimos de la judicatura y, en último término, reclamarles que «ejerzan su autoridad» para controlar la legalidad de las protestas de los jueces.
La situación se tensa a medida que se acerca la fecha de la huelga convocada por jueces y magistrados de Extremadura y Murcia, a la que se ha sumado Galicia. Además, y conforme se aproximan las juntas de jueces convocadas para el próximo mes de enero, enero, en las que el resto de las comunidades decidirán si secundan o no el paro, el clima de enconamiento se acrecienta, por lo que al consejo no le ha quedado más remedio que multiplicar su actividad para enfriar el cabreo de la Carrera Judicial.
En rueda de prensa posterior a la reunión, la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, reconoció la «verdadera preocupación» de los presidentes ante el cariz que está tomando el llamado
día en el que los jueces decidieron tomar cartas en el asunto y hacer más llamativas sus reivindicaciones, y les pidió su colaboración y compromiso para comprobar «de manera urgente» si las últimas juntas de jueces convocadas el 21 de octubre y el 14 de noviembre, en sospechosa connivencia con protestas de otros colectivos judiciales como los secretarios, afectaron al servicio público de la administración de Justicia, lo que conllevaría medidas disciplinarias. La portavoz también destacó la necesidad de revisar y controlar la legalidad de los acuerdos adoptados en las juntas que convocaron los futuros paros para determinar si son legales o no.
Y ello porque algunas actas incluyen protestas referidas a asuntos que «nada» tienen que ver con la reforma de la administración de justicia, la carga de trabajo o la falta de medios: en algunas reuniones se defendió la necesidad de modificar la elección misma del CGPJ, para que no sea sólo el Parlamento el que nombre a los vocales y al presidente.