El Gobierno alega que la modificación que fue impulsada en el 2002 no es suficiente
El PSOE hará una reforma legal que eche a ANV de los ayuntamientos
El nuevo texto legislativo tardará al menos unos seis meses en estar aprobado
madrid
El Gobierno renuncia intentar la disolución inmediata de los ayuntamientos gobernados por ANV. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, alegó ayer que con la actual legislación, modificada ex profeso en 2002 para hacer frente a este tipo de circunstancias, resulta «prácticamente imposible» sacar a la formación ilegalizada de las corporaciones locales. La única forma de lograrlo, dijo, es una nueva reforma legislativa sobre la que ya se están trabajando los servicios jurídicos del Estado y con la que se pretende impedir que miembros de un partido proscrito puedan «gobernar» un municipio.
El Ejecutivo respondió así a la última petición del Partido Popular para que se aplique el artículo 61.2 de la ley de bases del régimen local, que prevé la disolución de corporaciones que desempeñen una gestión «gravemente dañina para los intereses generales», en especial, cuando «den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen». La negativa de los concejales y el alcalde de ANV a condenar el asesinato del empresario Ignacio Uría ha encendido de nuevo un debate que ya se dio tras la muerte de Isaías Carrasco y que los populares agitaron en numerosas ocasiones en la pasada legislatura pero que, según el Gobierno, tiene difícil solución.
Una cosa, según señalan fuentes gubernamentales, es actuar contra ayuntamientos concretos y es posible que se haga sin esperar a la futura reforma de la ley. La vicepresidenta lo dejó entrever al asegurar que se explorarán todas las posibilidades que la norma brinda en este momento. Pero lo que se descarta es intentar sacar de una sola tacada a ANV de todos los consistorios en los que gobierna. La Abogacía del Estado elaboró el mes pasado un informe en el que concluyó que la exigencia de presentar pruebas de que el apoyo al terrorismo se produce de forma «grave y reiterada» (como marca la ley) impide una actuación indiscriminada.
Por su parte, ANV criticó la medida y recordó que fueron votados.