Ratifica los 1.500 euros de multa por retrasos en la tramitación de asuntos
El Poder Judicial rehúsa suspender de empleo y sueldo al juez Tirado
Tardó dos años en ordenar el encarcelamiento del presunto asesino de la niña Mari Luz
Imagen de archivo del juez Tirado al que no se le aparta del puesto
madrid
El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se plegó ayer a las exigencias de la magistratura y rechazó suspender de empleo y sueldo al titular del Juzgado de lo Penal 1 de Sevilla, Rafael Tirado, que tardó más de dos años en ejecutar la sentencia firme que habría supuesto el encarcelamiento de Santiago del Valle, el presunto asesino de la niña onubense Mari Luz Cortes, que murió en enero pasado.
Los vocales del CGPJ procedentes de la carrera judicial, sin distinción entre conservadores y progresistas, formaron una piña en el último pleno del año y por 14 votos a 7 rechazaron el recurso de la Fiscalía General del Estado, que reclamó que Tirado fuese suspendido en sus funciones durante tres años como responsable de una falta muy grave de desatención de su juzgado.
Con el presidente Carlos Dívar y el vicepresidente Fernando de Rosa a la cabeza, los vocales de procedencia judicial también revocaron el recurso del propio magistrado sevillano, que aspiraba a no recibir sanción alguna por su comportamiento porque no se considera autor de actuación punible alguna.
Tras la polémica renovación del CGPJ, tres meses de discusiones internas, una insólita huelga en la justicia, numerosos aplazamientos de la decisión y un enorme debate social y político, el Poder Judicial ratificó la sanción que ya había impuesto al juez Tirado el anterior consejo el 9 de septiembre pasado: una multa de 1.500 euros por una falta grave de retraso injustificado en la tramitación de los asuntos, consecuencia de «una desatención leve». La sanción es recurrible ante el Tribunal Supremo.
Los vocales no magistrados, llegados al consejo como juristas de reconocido prestigio, se quedaron en minoría a la hora de defender una sanción más dura para el juez sevillano, al que consideran autor de una falta muy grave de desatención de sus funciones, que creen que debería acarrearle seis meses de suspensión de empleo y la consiguiente pérdida de la plaza en el Juzgado Penal 1 de Sevilla. A estos cinco juristas propuestos por PSOE, CiU y PNV sólo se les unió en la demanda de una sanción más dura el vocal-magistrado Félix Azón.
La mayoría contraria a endurecer la sanción a Tirado, de hecho, la forman quince vocales, trece magistrados y dos juristas, pero Concepción Espejel, propuesta por el PP, no unió su voto a los catorce de sus compañeros porque incluso la imposición de una multa le parece excesiva.
Pulso al Poder Judicial
La sanción confirmada ayer fue calificada por el Gobierno, la Fiscalía, la familia de Mari Luz y la mayor parte de los partidos políticos como «insuficiente». La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se alineó en público con el recurso de la Fiscalía y reclamó que el juez Tirado fuese suspendido durante tres años. La opinión del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, fue casi idéntica y la puso por escrito cuando el 3 de octubre suspendió a Juana Gálvez, la secretaria del juzgado sevillano, de empleo y sueldo por una falta de negligencia y retraso injustificado en el ejercicio de sus funciones. La suspensión de esta funcionaria y la exigencia de un endurecimiento de la sanción al juez desató como respuesta una revuelta en el mundo judicial.