AI critica que España extradite un checheno a Rusia sin garantías
efe | madrid
Amnistía Internacional considera «muy grave» que el Gobierno español haya extraditado este martes a Rusia al chechén Murat Gasáyev, sin poder garantizar que este ciudadano no vaya a «sufrir torturas y otras violaciones de los derechos humanos».
Detenido en Valencia en 2006, Murat Gasáyev está acusado por la fiscalía rusa de varios delitos de terrorismo, y entre otros actos formó parte, al parecer, del ataque perpetrado por medio centenar de guerrilleros chechenes en junio de 2004 contra el arsenal del Ministerio del Interior en Nazrán, operación que dejó un centenar de muertos.
Virginia Álvarez, responsable de Política Interior de Amnistía Internacional, denuncia que en los últimos seis meses España «ha violado, al menos en dos ocasiones, el principio de no devolución del derecho internacional, que no admite excepciones y que prohíbe devolver a una persona a un país donde haya riesgo de torturas y malos tratos». Esos dos casos, según la portavoz de AI, son el del sirio Basel Ghalyoun, extraditado a Siria el 22 de julio tras haber sido absuelto por el Tribunal Supremo español en el proceso por los atentados del 11 de marzo de 2004, y el del chechén Murat Gasáyev, entregado hoy por la Justicia española a Rusia.
«Contra el derecho»
«Estas devoluciones se han llevado a cabo en contra de lo establecido por el derecho internacional, y consideramos que esta grave situación no puede volver a repetirse», dijo la responsable de Política Interior de AI.
En su opinión, el Gobierno español «no debe devolver a ninguna persona, independientemente de su condición, a una situación donde pueda sufrir torturas y otras violaciones graves de derechos humanos, en base a las denominadas garantías diplomáticas que no son más que papel mojado y que se ha demostrado que son prácticamente imposibles de cumplir». Álvarez recordó que tanto el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas como el Comité Europeo correspondiente han rechazado la petición de supervisión en el caso Gasáyev, formulada por las autoridades españolas, ya que «no querían entrar en este juego de violación del principio de no devolución». A pesar de todo, el Gobierno español «ha decidido seguir adelante aun sabiendo la imposibilidad de garantizar la integridad física del ciudadano chechén».