El Constitucional decide si es legal la pena de arresto a guardias civiles

madrid

El Tribunal Constitucional, por primera vez, estudiará si fueron legales los arrestos por motivos estrictamente laborales impuestos a miles de guardias civiles durante las últimas décadas. La corte ha estimado que existen indicios de que las ya suprimidas penas privativas de libertad decretadas por la administración, y no por los jueces, pudieron «colisionar» con la Carta Magna. La revisión de estas condenas podría provocar un aluvión de recursos si finalmente el Constitucional sentencia que fueron ilegales. Según los datos del mayor colectivo profesional del instituto armado, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (Augc), sólo entre 1990 y 2004 el cuerpo impuso 46.903 sanciones disciplinarias, de las cuales más de 32.000 conllevaron la privación de libertad y de estas, 1.027 sanciones tuvieron emparejado un cumplimiento penitenciario en establecimientos militares. Augc ya ha anunciado que, en el supuesto de que el fallo sea favorable, promoverá miles de demandas por daños y perjuicios contra la administración.

Será el Pleno del Tribunal Constitucional el que estudie este caso, después de que la Sala Segunda de la corte, acordara eque, al ser una cuestión que implicaría declarar ilegal todo un reglamento, debe ser el pleno quien decida.