El Gobierno quiere zanjar la huelga con cambios profundos en la justicia

madrid

«Una transformación radical de las estructuras». El Gobierno se comprometió ayer, ante el Poder Judicial, a orquestar cambios profundos, y «no solo cuantitativos», en la Administración de Justicia para evitar el paro anunciado por las cuatro asociaciones de jueces para el próximo 26 de junio. A una semana de la trascendental reunión entre los colectivos convocantes de la huelga y el ministro de Justicia, el Ejecutivo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) anunciaron que la gran mayoría de las reivindicaciones de los magistrados son «asumibles», aunque, eso sí, sin aumentos salariales generalizados. Justicia y el órgano de gobierno de los jueces se mostraron esperanzadosen que las medidas anunciadas ayer hagan recapacitar a los huelguistas.

La tabla reivindicativa presentada el 12 de enero por los jueces fue el primer y casi único punto del día de la reunión este lunes de la comisión mixta Justicia-CGPJ, que presidió el «número 2» de Mariano Fernández Bermejo, Julio Pérez. El secretario de Estado aseguró que la «mayor parte» de las exigencias de los jueces «ya eran objeto de trabajo» por parte del Gobierno. Pérez, tras una semana de enfrentamiento entre el ministerio y las asociaciones, mostró la cara más amable de Justicia y subrayó que aunque «no nos gusta la amenaza de huelga» y «preferiríamos un ambiente más relajado», la sombra del paro de los tribunales «no va a ser un obstáculo para el diálogo, el entendimiento y el acuerdo».

El secretario de Estado pasó de puntillas sobre la negativa del Gobierno a aumentar más del ya pactado 5% el sueldo de los jueces como contraprestación a su creciente carga de trabajo e hizo hincapié en las otras reivindicaciones que el Gobierno sí está dispuesto a asumir para tratar de rebajar el colapso de los tribunales, entre ellas la creación de los que denominó «jueces volantes». Se tratará de profesionales de la justicia especialmente bien «incentivados» y dedicados en exclusiva a cubrir vacantes pendientes de asignar y reforzar tribunales colapsados. «Jueces sin un juzgado» específico, una figura, explicó Pérez, que no existe en la legislación actual, por lo que sería necesaria un reforma.

Sin traslados

Otra de las ofertas, que también requerirá cambios normativos que el Gobierno está dispuesto a impulsar para frenar la huelga, será el del fin de los traslados forzosos cuando los jueces pasan a ser magistrados a los tres años. Esta reforma fue la que mejor acogida tuvo entre la quincena de representantes del CGPJ que ayer asistieron al encuentro con el ministerio. Justicia también está dispuesta, aunque ello suponga un desembolso económico, a mejorar las retribuciones a los jueces de guardia, que en la actualidad cobran esas jornadas como si de día normales se tratara.

Siempre referente al tema económico, el secretario de Estado anunció que Justicia también ve asumible la «modificación del sistema retributivo» para hacerlo «más objetivo y equitativo» y que los jueces con mayor carga de trabajo y materias más complicadas puedan cobrar más.

El Consejo General del Poder Judicial se mostró en líneas generales de acuerdo con las propuestas del Ministerio de Justicia.

Sin embargo, la portavoz del consejo, Gabriela Bravo, no ocultó el rechazo del órgano de gobierno de los jueces con respecto a la nueva planta judicial. Bravo calificó de «insuficiente» el esfuerzo del Gobierno para aumentar el número de tribunales y magistrados.

El Ministerio de Justicia, tal y como recordó Pérez, tiene como objetivo esta legislatura mantener el ritmo de creación de juzgados de la anterior, pero no incrementarlo demasiado. Esto es: ofertar unas 600 plazas y «consolidar» una plantilla estable de cerca de 5.000 jueces.

El CGPJ considera que el aumento constante del número de asuntos (más las jubilaciones) deja obsoleto este concurso público, aunque Gabriela Bravo se felicitó por el anuncio del Ministerio de Justicia de crear lo más pronto posible 15 nuevos juzgados de lo Mercantil para afrontar el «anunciado colapso» de estos tribunales a cuenta de la crisis económica.

Tanto Justicia como el Poder Judicial se mostraron «esperanzados» en que las medidas anunciadas y el buen ambiente reinante en la reunión contribuyan a terminar con la amenaza de huelga. Pérez, insistió en que la carrera judicial debe «comprender» que la «perturbación del servicio es una mala imagen».

El propio ministro de Justicia, en una entrevista en Antena 3, dijo que espera que los magistrados no hagan efectiva su amenaza «porque el poder judicial de un país no puede emitir esas señales a la ciudadanía».

Bravo, por su parte, apeló a la «responsabilidad institucional» de los convocantes del paro.