Cospedal alerta de que se pone en peligro el «buen nombre» del PP

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La secretaria general del PP dio este miércoles la voz de alarma sobre las consecuencias de la deriva que está tomando el escándalo de espionaje en el seno de la organización en Madrid. María Dolores de Cospedal reconoció las limitaciones de la investigación interna, que sólo abarca el terreno de la política, y dijo que se está poniendo en juego «el buen nombre del PP». La escalada de acusaciones mutuas de espionaje entre el gobierno de la Comunidad de Madrid, el ayuntamiento y los dos últimos tesoreros del comité ejecutivo nacional desbordan a la dirección que preside Mariano Rajoy, impotente para frenar una batalla política y de intereses en la que todos acusan a todos.

Esperanza Aguirre sostiene que ella es la auténtica víctima de una trama supuestamente montada para atacarla, pero Cospedal tuvo que desmentir este miércoles que la dirección nacional inspire esta ofensiva contra la presidenta de Madrid. «De ninguna manera, eso es un disparate», dijo la secretaria en declaraciones a Telemadrid y desmintió a la presidenta porque ella está convencida de que las consecuencias de todo este escándalo no afectan sólo a determinados dirigentes, sino que minan la credibilidad y la imagen del partido. En su opinión, «el mayor daño político» es el que «se le hace al PP».

La número dos de los populares no es la única que tiene un análisis tan negativo de la actual situación interna, porque numerosos dirigentes, afectados o no por el espionaje, se muestran igualmente alarmados y son muy pesimistas sobre una posible salida a la crisis. Fuentes de la dirección creen que la investigación interna que encargó Rajoy a Cospedal está condenada al fracaso porque ella ni tiene medios ni está en condiciones de llegar al fondo del asunto y tampoco puede adoptar medidas disciplinarias para zanjar el caso. Aunque ella haya declarado su voluntad de «recabar toda la información posible», lo cierto es que sólo puede citar a los militantes de su partido, puesto que los ex policías implicados en la trama sólo están obligados a declarar ante un juez.

Responsabilidades

Como la secretaria general, la mayoría de los dirigentes populares piensan que es necesario poner a salvo el honor del partido mediante la exigencia de responsabilidades políticas. Los vicesecretarios Javier Arenas y Esteban González Pons coincidieron en este punto con Cospedal: según ellos, el partido opositor no va a «mirar para otro lado» porque «tiene la obligación» de analizar las informaciones sobre lo que ha ocurrido, aunque apuntan que las responsabilidades jurídicas se ventilan en los tribunales.

Sin embargo, cualquier exigencia de responsabilidad política requiere de un pacto entre Rajoy, Aguirre y Galllardón que, por el momento, parece una quimera porque los medios de comunicación continúan aireando escándalos que afectan a todos. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, en el punto de mira del espionaje, ratificó ayer la denuncia de su gobierno para que el juez de instrucción investigue el supuesto espionaje del que fue objeto.

La presidenta de la comunidad anunció que propondrá a la Asamblea de Madrid que obligue al alcalde Ruiz-Gallardón a «aclarar» si, como dice el diario El Mundo , existe una unidad parapolicial en el ayuntamiento que también se dedicaría al espionaje. Buena prueba de que, a pesar de las advertencias de la secretaria general, Aguirre no está dispuesta a levantar el pie del acelerador es que ayer también confirmó que Rajoy estaba al tanto de los informes que circulaban en el PP sobre el patrimonio de su vicepresidente, a los que ella no dio crédito en ningún momento. «Ninguna de las personas en la Comunidad de Madrid se ha enriquecido», dijo en la Cope. Además del aviso que recibió del presidente del PP en 2006 sobre los datos supuestamente comprometedores que manejaba el tesorero Álvaro Lapuerta, la presidenta aseguró que, en el 2008 y en plena bronca por el congreso de Valencia, el Rajoy volvió a tratar sobre el asunto con el vicepresidente de la comunidad.