El magistrado entiende que ambas formaciones pertenecen a un «todo orgánico a las órdenes de ETA»
Garzón acusa de terrorismo a trece dirigentes de Askatasuna y D3M
El juez se apoya en 270 documentos requisados en 18 registros en locales y domicilios
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía registraron ayer el domicilio de un antiguo dirigente de Segi
madrid
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón imputó ayer un delito de integración en banda terrorista a trece dirigentes de Askatasuna y Democracia Tres Millones (D3M), a los que convocó para interrogarles el próximo viernes. La iniciativa, según fuentes judiciales, es el paso previo a una posible suspensión de actividades, medida cautelar que impediría a ambas formaciones abertzales hacer campaña electoral con independencia de lo que decida el Tribunal Supremo sobre la validez de sus listas.
En la resolución, el juez Garzón asegura tener indicios de que Askatasuna, como partido, y D3M, como asociación transitoria (agrupación de electores), son formaciones que están «bajo la dirección e instrumentalización de Batasuna-Ekin y la superior dirección de ETA». Y que, por tanto, las trece personas imputadas, que son representantes «con fines políticos y electorales» de las mismas, podrían haber incurrido en un delito de pertenencia a la «organización terrorista ETA-Ekin».
Entre las personas que serán interrogadas por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional destacan el presidente y el secretario de Askatasuna, José Antonio Munduate y Xabier Isasa, respectivamente. Además están imputados los representantes del partido ante las juntas electorales de las tres provincias vascas: Jaione Unanue (Guipúzcoa), Urtzi Vidal (Vizcaya) y Miriam Díaz de Tuesta (Álava).
En lo que respecta a D3M, el instructor imputa a los representantes legales de las plataformas en Guipúzcoa (Ainara Etxebarria, Itziar Garmendia y Eneko Agirre); en Vizcaya ( María Lidia Barcena, Ana Rosa Tapia y Ainhoa Barrena), y en Álava (Fernando Antia y Oscar Viteri).
La tercera representante legal de esta provincia y habitual portavoz de la agrupación abertzale, Amparo Lasheras, ya fue acusada de integración en grupo terrorista por el juez Garzón, que ordenó su encarcelamiento tras ser detenida en la redada del pasado 23 de enero con la que la policía desmanteló a la nueva dirección de Batasuna.
Trámite paralelo
El instructor conduce contra las dos formaciones unas diligencias previas en las que en breve, según fuentes judiciales, se abrirá el trámite para suspender las actividades de ambas formaciones, siempre previa consulta a la Fiscalía y tras oír a los partidos afectados, tal y como marca la ley. Si ésta se produjera, el partido y la agrupación electoral tendrían prohibido cualquier acto público, mítines de campaña incluidos, con independencia de la decisión de la Sala del 61 del Tribunal Supremo sobre las impugnaciones de la Fiscalía General del Estado y el Gobierno.
Es la película que ya se vivió en febrero de 2008. Entonces, el magistrado acusó primero a tres dirigentes de Acción Nacionalista Vasca (ANV) de colaboración con ETA como paso previo a la suspensión cautelar de actividades de ese partido y del PCTV, que tuvo lugar tres días después. Y todo ello, mientras el Supremo todavía estudiaba las demandas de ilegalización promovidas por el Ministerio de Justicia y la Fiscalía.
Estas mismas fuentes judiciales explicaron que el juez apoyará su actuación en los 270 documentos encontrados en los 18 registros en domicilios privados y locales de la operación contra Batasuna del mes pasado.
Tras enviar a prisión a los ocho dirigentes abertzales detenidos en enero en la redada contra el germen de la nueva dirección de Batasuna, Garzón advirtió que considera que las dos formaciones bajo sospecha pretendían «burlar» la ilegalización de la coalición en las próximas elecciones autonómicas, ya que en realidad tanto el partido como la plataforma no son más que «entidades de un todo orgánico a las órdenes de ETA-Ekin-Batasuna».
El juez ha recibido después nuevos informes policiales sobre el contenido de los discos duros de los ordenadores incautados en aquella operación.
Según el magistrado, las dos formaciones bajo sospecha «comparten sedes, candidatos e iniciativas» con Batasuna con el «objetivo común de burlar a las instituciones y conseguir estar presentes en las elecciones y cumplir con la estrategia terrorista cuando las circunstancias lo exijan».