Garzón admite después de un mes de escándalo que no es competente

madrid

El juez Baltasar Garzón acordó remitir el caso Gürtel a los Tribunales Superiores de Justicia de Valencia y de Madrid, al considerar que hay indicios suficientes para imputar al presidente de la Comunidad Valencia, Francisco Camps, a tres altos cargos de su administración y otros de Madrid. El magistrado les acusa de recibir sobornos y dádivas, sobre todo en forma de trajes de diseño, de manos de los hombres de Francisco Correa, a cambio de contratos públicos. Garzón hizo ayer caso, tras un mes de escándalo, a las recomendaciones de la Fiscalía Anticorrupción y remitió a la justicia valenciana los episodios de la trama de corrupción que afectan a aforados de esa comunidad.

Pero su resolución incluye una carga de profundidad en el caso de Valencia. En el piso de seguridad de la trama corrupta, en el número 40 de la calle Serrano, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la policía encontraron la contabilidad B de la trama, que incluye un ingreso el 2002 de un millón de euros, de origen desconocido, de los que 420.000 fueron destinados a «PP VLC».

«Ese dinero para algo relacionado con el PP de Valencia», aventura el instructor, que precisa que «no existe lógica en dicho traspaso» salvo que sea el pago de cohechos en contrapartida a la concesión de los numerosos contratos públicos de los que se beneficiaron las empresas de Correa, gestionadas en Valencia por Álvaro Pérez Alonso. «Este extremo está pendiente de investigación», precisa el magistrado.

Correa puso sus ojos en Valencia, según la investigación judicial, a partir del 2003, cuando su estrecha relación con la dirección nacional del PP se vino abajo. El juez relata en su escrito cómo el empresario llegó a corromper al corazón del PP valenciano: «para ganarse el favor de los responsables políticos entrega dádivas de todos tipo, desde dinero en efectivo a regalos de lujo, coches, pantallas de televisión de plasma u otros objetos». Así «consiguió crear una relación estable con dichas personas ganando su confianza a la que vez que favorecía la obtención de negocios para sus empresas».

«Una vez que el responsable político alcanzaba un cargo dentro de una administración, local o autonómica, comenzaba a introducir a persuros, Costa por 7.325, Campos por 4.850 y Betoret por 9.950 euros».

Camps se dejó regalar «cinco pantalones, un pantalón de piel, una deportiva, una chaqueta austriaca, una americana de sport, una deportiva Barbour, una chaqueta de fantasía». Garzón pide al TSJ de Valencia que impute a Camps y Costa.

En total, Garzón imputó ayer a otros seis cargos no aforados del Partido Popular. A los 37 imputados, el magistrado sumó ayer los nombres de dos familiares director del eurodiputado Gerardo Galeote. Se trata de José y Ricardo Galeote. El primero -”su padre-” fue concejal de Boadilla del Monte y el segundo -”su hermano-” fue concejal en Estepona.

También hay dos nuevos alcaldes madrileños: Jesús Sepúlveda, regidor de Pozuelo de Alarcón y Ginés López, de Arganda del Rey. Garzón también imputa a Carlos Clemente Aguado, ex asesor del ministro Michavila, y a Tomás Martín Morales, director general de Gestión Urbanística y Consumo de Boadilla del Monte.