Se asegura que los comparecientes no ordenaron seguimientos
La Comunidad de Madrid queda exculpada por el espionaje en el PP
La oposición, que pedirá amparo al Constitucional, insiste en que la presidenta es la responsable
La portavoz socialista, Maru Menéndez, y el del PP, David Pérez
colpisa | madrid
La comisión parlamentaria de investigación de la presunta trama de espionaje político en la Comunidad de Madrid aprobó ayer, con los 67 votos del PP a favor, y en contra los 53 de PSOE e IU, el dictamen de conclusiones propuesto por los populares, que exculpa al gobierno que preside Esperanza Aguirre de cualquier participación en la creación de la pretendida red de espías y apunta que no hay responsabilidades políticas que exigir.
El documento, de 62 páginas, señala que la comisión recién concluida no ha encontrado «elementos de juicio para determinar el origen de las informaciones aparecidas en el diario El País » y confía en el «total esclarecimiento» de los hechos gracias a la acción de los tribunales.
Las conclusiones, tal y como habían defendido los responsables del PP durante las cuatro jornadas de comparecencias, inciden en que la estructura y las funciones de la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid fueron fijadas por el Gobierno del socialista de Joaquín Leguina en 1985 y que fue Alberto Ruiz-Gallardón durante su mandato quien «potenció» esta unidad con un nuevo «proyecto de seguridad» en 2002.
Concluye el documento aprobado que ninguno de los comparecientes ordenó o amparó los seguimientos o espionajes y que los supuestos informes sobre personalidades no proceden en modo alguno de la Conserjería de Interior de la comunidad.
La sesión, como lo han sido todas las de la comisión, fue tensa. La oposición, que anunció que pedirá el amparo del Tribunal Constitucional por el «carpetazo» a la investigación, insistió en que la presidenta regional es la máxima responsable de la trama de espías y volvió a reclamar la destitución del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados.
PSOE e Izquierda Unida tildaron de «provisionales» las conclusiones, ya que proceden de una comisión «inconclusa». Los socialistas recordaron que hay «pruebas irrefutables» de que el espionaje existió, y de que el grupo de espías está «vinculado a la administración autonómica», utilizado por sus superiores dentro de las luchas intestinas en el PP madrileño.