Absueltos diez islamistas de ayudar a huir a terroristas islámicos el 11-M

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Melchor Sáiz-Pardo
León

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madrid

Nuevo y duro varapalo judicial a los métodos empleados por jueces, fiscales y policías en la lucha contra las supuestas redes yihadistas en España. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto a diez de los catorce supuestos islamistas acusados de pertenecer a una célula radicada en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) dedicada a la captación de muyahidines para su envío a Irak y que, según Baltasar Garzón, habría facilitado la huida a aquel país a varios de los autores de los atentados del 11-M.

Estos presuntos integristas islámicos, juzgados entre el 23 de febrero y el 13 de marzo pasados, fueron detenidos en la denominada operación Tigris que propició varias redadas durante el 2005. De ellos, sólo han sido condenados dos de los cabecillas del grupo, Kamal Ahbar y Samir Tahtah, con penas de 9 años de cárcel por pertenencia a banda armada; uno de sus lugartenientes, Mohamed El Idrissi, a 5 años por colaboración, y Hammed Hamu, al que la sala impone 2 años, por falsificación.

Penas que quedan muy lejos de las peticiones de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que reclamaba condenas de entre 6 y 14 años de prisión para la inmensa mayoría de los imputados. La sentencia conocida ayer reprocha al Ministerio Público que «no haya aportado pruebas relevantes, sino meras afirmaciones apoyadas únicamente en la información o inteligencia policial».

Principal varapalo

Pero el varapalo más importante del fallo de la Audiencia Nacional se lo lleva el Cuerpo Nacional de Policía y el instructor del caso, Baltasar Garzón. Los magistrados consideran totalmente ilegales las intervenciones que la Comisaría General de Información hizo de correos electrónicos de los sospechosos sin que mediara autorización judicial alguna.

Estos «pinchazos» suponían las principales pruebas de cargo contra los encausados.

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Las críticas de los magistrados Ángel Hurtado, Enrique López y José Ricardo de Prada por la falta de control de las intervenciones de correos electrónicos se extienden también a la labor de Garzón como instructor de la investigación.