CC.OO. y UGT piden suspender el «cheque bebé» y los 400 euros

madrid

Comisiones Obreras y UGT abogan por cambiar algunas de las ventajas fiscales personalizadas. A su juicio, no tiene sentido la paga de 400 euros anuales, cobrada vía reducción del IRPF, o el llamado cheque bebé de 2.500 euros, que perciben los padres de niños nacidos o adoptados desde el 1 de julio del 2007. Ambos sindicatos argumentan que es preciso suspender estos beneficios, aplicados en su día para el fomento del consumo, y conseguir que el Estado obtenga mayores ingresos que puedan redistribuirse y atender otras necesidades perentorias. Y, así lo expondrán este miércoles los líderes de ambas centrales, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez.

Los dos sindicatos persiguen una política fiscal «solidaria», que no sea igual para todos los ciudadanos. Es decir, a su juicio, las imposiciones tienen que tener en cuenta el nivel de rentas de las personas, de manera que en época de crisis den más los que más tengan y sufran menos los que perciban ingresos bajos o carezcan de rentas. En este sentido, también reclaman la recuperación del Impuesto de Patrimonio, suspendido desde la declaración del 2009, y por parte de todas las comunidades del Impuesto de Sucesiones.

Las demandas de CC.OO. y UGT figuran en un programa anticrisis, elaborado conjuntamente. Toxo y Méndez presentarán el documento este miércoles en la sede de la central socialista. Explicarán que se trata de su alternativa a las propuestas del Gobierno y, por lo tanto, será su hoja de ruta en las negociaciones del diálogo social. Precisamente, el pasado domingo el presidente Rodríguez Zapatero resaltó, en un mitin celebrado en Albacete, que iba a convocar a los agentes sociales, con carácter inmediato, para abordar el cambio del sistema productivo del país.

Otra de las grandes preocupaciones de los sindicatos, plasmada en su programa, es la situación que viven los parados que han agotado las prestaciones de desempleo y carecen de cobertura. Para CC OO y UGT, es imprescindible ampliar los periodos de protección, suprimir ciertos requisitos para el acceso a los subsidio y mejorar la renta activa de inserción que combina formación y ayuda económica.

En su propuesta, los sindicatos reivindican igualmente mayor inversión pública, mejora del sistema educativo y revisión del funcionamiento del sistema financiero con incremento de las líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Asimismo en el documento aparece la necesidad de conseguir una base industrial sólida que fomente la inversión, el desarrollo y la investigación y, en términos generales, consolidar y ampliar la protección social.