Rubalcaba cree que «la policía y la Guardia Civil hicieron su trabajo y la Justicia ha hecho el suyo»
El Gobierno advierte a la lista de Sastre de que estará «vigilante»
El PP cree un «error profundo» la decisión del Constitucional de avalar la candidatura
madrid
El Gobierno encajó hoy impasible el varapalo del Tribunal Constitucional a sus intenciones sobre Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, advirtió al término del Consejo de Ministros de que las Fuerzas de Seguridad del Estado permanecerán «vigilantes» y que el Ejecutivo «seguirá sin bajar la guardia» para evitar que la ley de partidos sea burlada por la coalición electoral.
No hubo reproches al máximo garante de la Constitución, ni siquiera por parte del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a quien la decisión afecta más directamente. Él fue uno de los principales defensores de la impugnación de esta lista y había asegurado que existían pruebas suficientes para lograr su anulación. «La policía y la Guardia civil hicieron su trabajo y la Justicia ha hecho el suyo; es el funcionamiento del Estado de Derecho», asumió.
El Partido Popular se mostró, en cambio, más disconforme. El hecho de que el Constitucional entienda que no hay datos que permitan afirmar que II-SP es una formación «instrumentalizada» por ETA fue interpretada como «un profundo error» por la portavoz de la formación en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría; el cabeza de lista del partido a las europeas, Jaime Mayor Oreja, sentenció que la decisión del Tribunal no es la «más correcta y adecuada».
Lo cierto es que el Gobierno era consciente del riesgo que asumía al impulsar la suspensión de la candidatura encabezada por el dramaturgo Alfonso Sastre -”miembro de la lista que Acción Nacionalista Vasca intentó pretendió presentar al Senado por Guipúzcoa-” con las pruebas de que disponía. Fuentes del Ejecutivo admiten que el asunto se discutió largamente porque existían serias dudas, jurisprudencia en mano, de que los tribunales fueran a darles la razón.
La Fiscalía también hizo constar al Gobierno sus reticencias a acudir a la sala especial del artículo 61 del Tribunal Supremo. Consideraba que la carga probatoria de los indicios era demasiado débil.