El Gobierno lima la Ley de Extranjería para recabar apoyos en el Congreso
Elimina el delito de hospitalidad del texto y reabre la reagrupación familiar
El Gobierno ha dado un tijeretazo a su anteproyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley de Extranjería. El nuevo borrador elaborado por los ministerios de Trabajo, Exteriores e Interior elimina o matiza buena parte de los aspectos restrictivos del anterior texto que habían sido criticados por organizaciones sociales, jueces e instituciones. En particular desaparece el denominado delito de hospitalidad, el castigo a las ONG-™s que acogieran inmigrantes sin papeles . El articulado, en su versión de mayo, incluye además algunas de las recomendaciones de los órganos consultivos, como la de conceder permiso de trabajo a las irregulares maltratadas.
Los responsables del Ejecutivo están convencidos de que, tras los cambios, el nuevo anteproyecto, que probablemente sea remitido al Congreso este mes de junio, «no suscitará grandes controversias» en el trámite parlamentario, por lo que podría ser aprobado antes de final de año o a principios de 2010.
La que será cuarta reforma de la Ley de Extranjería desde su aprobación en el 2000 no incluirá el castigo de hasta 10.000 euros por delito de hospitalidad. Las críticas a este precepto por parte de Consejo General del Poder Judicial, el Consejo General de la Abogacía y las organizaciones afectadas han forzado al Ejecutivo a reescribir el artículo 53.2. El nuevo precepto es claro: serán perseguibles aquellos que «promuevan la permanencia irregular en España de un extranjero» pero sólo cuando medie una «invitación expresa del infractor», un supuesto que excluye, ahora claramente, a las ONG-™s que ayudan a los sin papeles sin haberlos traído a España.
En las 48 páginas del nuevo borrador también se flexibiliza la reagrupación familiar, otro de los aspectos más controvertidos. Se mantiene al núcleo familiar estricto: descendientes y ascendientes dependientes mayores de 65 años. La novedad es que por motivos «humanitarios» podrán reagruparse a padres menores de 65.
A pesar de las críticas, se aumenta de 40 a 60 días de los plazos de internamiento de los «sin papeles» pendientes de expulsión para facilitar así las deportaciones antes de que venzan. También se establece un permiso de residencia y trabajo temporal para quiénes sufran maltrato a la espera del juicio.