La liberalización de la electricidad obliga a 83.000 leoneses a salir de la tarifa regulada

Comienza la cuenta atrás. El próximo 1 de julio se desarrollará la liberalización total del sistema eléctrico en la baja tensión. A partir de ese día, un total de 83.092 clientes leoneses con más de 10 kilovatios de potencia contratada estarán obligados a salirse de la tarifa integral en el contrato de la luz y acudir al mercado libre a comprar energía. Son, principalmente, pequeñas y medianas empresas y negocios familiares como establecimientos de hostelería, pequeños comercios, supermercados o talleres sobre los que abundan más incógnitas que certezas.

Todo se puede resolver con una simple llamada telefónica. Sólo aquellos que tienen contratada una potencia superior a los 10 kW están obligados a firmar un nuevo contrato con alguna de las 25 compañías comercializadoras -”nacionales y extranjeras-” del mercado libre en un plazo no superior a 30 días a partir del 1 de julio. Habrá un periodo transitorio de tres meses para aquellos consumidores que no lo hagan, tiempo durante el cual un comercializador de último recurso les ofrecerá el suministro y canalizará su facturación. El problema llega a partir de entonces porque la luz será un 20% más cara para aquellos que no pasen al mercado libre. El real decreto 485/2009 del 3 de abril contempla un precio disuasorio para estimular que estos clientes salgan de tarifa, con un incremento del 20% en los primeros recibos que llegarán después del verano.

Hogares. El cambio legislativo que entrará en vigor en sólo unos días afectará fundamentalmente a las pymes, pero también hay pequeños cambios para el resto de clientes, caso de los consumidores domésticos. Según los datos facilitados por Iberdrola y Unión Fenosa -”la primera compañía suministra electricidad a 85 municipios de la zona centro, sur y este de León y la segunda, a los 126 ayuntamientos restantes-”, en la provincia hay un total de 371.152 contratos de suministro eléctrico. De éstos, 288.060 son clientes de baja tensión y que tienen contratada una potencia menor o igual a 10 kilovatios, por lo que entrarán directamente a la tarifa de último recurso (TUR), que será fijada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio antes del próximo día 30 y que, a diferencia con la situación actual, reflejará la evolución de los precios energéticos. Hay cinco compañías comercializadoras de último recurso que se han creado con el fin de suministrar a estos clientes, casi todas filiales de las actuales suministradoras: Iberdrola, Endesa Energía XXI, Unión Fenosa Metra, Hidrocantábrico Energía Último Recurso y E.ON Comercializadora de Último Recurso.

Cada uno a lo suyo . El nuevo modelo de organización del sector eléctrico viene derivado de la normativa comunitaria. Los distribuidores se dedicarán a partir de ahora exclusivamente a la gestión de las redes y dejarán de realizar la actividad de suministro de electricidad de la que se ocupaban. El suministro pasará a ser ejercido en su totalidad por las empresas comercializadoras en competencia, siendo los consumidores de electricidad quienes elegirán libremente. Las comercializadoras denominadas «de último recurso» deberán ofrecer el suministro al precio que establezca el Gobierno.