El Defensor del Pueblo controlará la aplicación del plan contra la tortura

El Gobierno baraja la opción de que sea una unidad específica de la oficina del Defensor del Pueblo quien se ocupe de controlar la aplicación del plan de lucha contra la tortura que se implantará sobre todo en los centros de detención policial.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, señaló ayer en el Congreso que el Ejecutivo tiene previsto comenzar a implantar «de forma inmediata» los mecanismos previstos en este plan, que todavía no está cerrado porque sigue en discusión entre los Ministerios de Interior y Justicia, los agentes sociales y organizaciones de derechos humanos, un diálogo que comenzó hace más de un año.

El llamado Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, que trata de aplicar al trabajo policial y judicial parte de las recomendaciones realizadas por la ONU, prevé medidas como la instalación de cámaras de vídeo y equipos de grabación en los calabozos y salas de interrogatorio, el aumento de los controles médicos a los arrestados, la reducción del tiempo sin asistencia letrada, o la prohibición de incomunicar a menores. Se trata de medidas similares a las que ya usa el País Vasco.