El Gobierno destina 11.000 millones de euros para cerrar la financiación
El nuevo modelo limita la solidaridad interterritorial por primera vez
Carlos Ocaña y Elena Salgado, ayer en rueda de prensa.
Más de 11.000 millones de euros extra costará el acuerdo de financiación autonómica. Bastante más caro de lo que en su día calculó el ex ministro de Economía, Pedro Solbes, y algo cercano a lo que pretendía el consejero de Economía de Cataluña, Antoni Castells. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, dio ayer por cerrado el modelo que tantos quebraderos de cabeza ha dado al Gobierno y que tanto ha condicionado su estabilidad parlamentaria a lo largo del último año. El nuevo sistema conlleva un importante cambio de filosofía. Por primera vez en la España autonómica, la solidaridad interterritorial quedará limitada. Las comunidades sólo tendrán que poner a disposición del conjunto el 75% de lo que recauden. Podrán disponer, en cambio, del otro 25%.
Esto, que técnicamente se denomina nivelación parcial, fue siempre uno de los nudos gordianos de la negociación. Salgado se refirió ayer al asunto con toda naturalidad, pero lo cierto es que costó mucho que la idea cuajara, sobre todo, entre los presidentes de las comunidades autónomas menos desarrolladas. Era la Generalitat de José Montilla la que defendía que había que acotar la labor redistribuidora del Estado para no penalizar a las comunidades con mayor capacidad fiscal y económicamente más dinámicas. Proponía nivelar, exclusivamente, los recursos destinados a educación, sanidad y servicios sociales lo que, según sus cálculos, equivalía al 65%-75% del gasto público.
A la bolsa común. Una vez admitido el principio, comunidades como Andalucía, Extremadura o Cantabria plantearon que la cifra no bajara del 95%.
Hace de eso apenas siete meses.
La vicepresidenta segunda dio la cifra final, que es el tope de la horquilla planteada por Cataluña.
Es decir, el nuevo sistema de redistribución hará que tres cuartas partes de lo que se recaude en las comunidades autónomas -y no todo, como ocurría con el modelo actual- se meta una «bolsa común», como la llamó Salgado.
Esa bolsa servirá para sufragar los servicios públicos fundamentales (siempre teóricamente, porque en realidad la legislación española impide que estas partidas sean finalistas) y será completada por el Estado de modo que a ella se destinen el 80% del total de los recursos del sistema.
Al margen de ese primer fondo, habrá -"como había en el modelo actual-" otro: el fondo de suficiencia global. A éste las comunidades no tendrán que aportar ya nada; será el Estado quien lo sufrague.