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La paralización de nuevos parques eólicos condiciona una inversión de 240 millones
Las concesiones autorizadas para los próximos dos años han sido recurridas prácticamente en su totalidad
La paralización en cadena de los parques eólicos ya autorizados en las montañas de Omaña, La Cepeda y Alto Bierzo por parte de la Justicia deja en suspenso una red de aerogeneradores en la que se pretenden invertir 240 millones de euros hasta el año 2011, fecha hasta la que han sido autorizadas las nuevas concesiones. La mayor parte de estos parques, si no todos, han sido recurridos por parte de colectivos ecologistas o vecinales bajo la argumentación de que las instalaciones han sido fragmentadas para eludir la normativa ambiental y eléctrica y que su interés social no está probado «toda vez que el interés público prevalente no son tanto estas instalaciones, sino que las mismas se realicen de acuerdo con las previsiones legales», recoge uno de los recientes autos dictados por magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para paralizar cautelarmente uno de los numerosos parques proyectados.
Actualmente hay ocho parques en funcionamiento en la provincia de León, 15 más con autorización de la Junta y cinco en construcción, según los datos oficiales. Pero los datos incluidos en la denuncia presentada por ecologistas ante la Fiscalía de Medio Ambiente citan hasta 95 expedientes de parques eólicos en proyecto y en diferentes fases de tramitación.
Empleos que quedan. Los parques eólicos que ya operan en León (El Manzanal, San Pedro, El Redondal, Era del Pico, Cerro Becerril, El Pedrón, Argañoso y Lucillo) han requerido una inversión de 270 millones de euros que han llegado a generar alrededor de 1.500 puestos de trabajo. Según los datos facilitados por la Consejería de Economía y Empleo, los 3.072 megavatios que se encuentran en construcción o con autorización administrativa en Castilla y León moverán inversiones en torno a 4.000 millones de euros y una generación de empleo para construirlos de 3.000 empleos anuales equivalentes. Una vez concluidos, la plantilla para su operación y mantenimiento será de 410 trabajadores en toda la comunidad.
Negocios en suspenso. Pero el futuro del negocio eólico está ahora en suspenso. El TSJ ha dictado la primera sentencia que anula el proceso de evaluación ambiental tramitado por la Junta por valorar la proliferación de nuevos parques uno a uno y no en su conjunto, además de no tener en cuenta las infraestructuras complementarias ni que son instalaciones industriales que se pretenden instalar en zonas de especial protección ambiental. Tras la sentencia, referida al parque Murias II, el mismo tribunal ha ido suspendiendo cautelarmente hasta tres parques eólicos ya autorizados por la Junta en aplicación de la doctrina recogida en la citada sentencia. Así, durante las últimas semanas han ido cayendo, al menos provisionalmente, los proyectos de Salce (en el témino municipal de Riello), Curueña II (Riello) y Villabandín II/Ampliación de Villabandín (Murias de Paredes, Riello, San Emiliano y Sena de Luna).
Ante la presión judicial motivada por las denuncias de los ecologistas, la Junta anunciaba, a través de la Consejería de Medio Ambiente, una resolución para paralizar el controvertido parque Valdesamario, recurrido desde diversos frentes. A finales de esta semana, las máquinas aún seguían trabajando en la zona, según constataron in situ representantes de los siete grupos que pidieron ante la Fiscalía de Medio Ambiente la paralización de las obras. En idéntica situación se encuentran los trabajos para levantar el parque de Espina.
El futuro que planea sobre el sector es, por tanto, incierto, aunque hasta ahora ninguna de las agrupaciones que representan al empresariado se ha manifestado sobre las resoluciones judiciales.
Esta misma semana, el Boletín Oficial de Castilla y León publicaba una nueva autorización para hacer un parque eólico en Omaña, por lo que la maquinaria administrativa sigue su curso al margen de los últimos autos. La Administración da paso a la instalación de ocho aerogeneradores en el parque Curueña I, con una evaluación de impacto simplificada como las suspendidas por el TSJ.