Cospedal exige una investigación del Gobierno sobre las escuchas al PP
La secretaria general del Partido Popular alega que las pruebas están «demostradas» en las informaciones publicadas por los medios de comunicación

El presidente del PP, Mariano Rajoy, encabezó ayer el Comité de Dirección del partido.
La cúpula del PP interrumpió sus vacaciones ayer martes para celebrar una reunión del comité de dirección en la que Mariano Rajoy acordó llegar «hasta el final» en su denuncia de espionaje al partido opositor en la que reclaman una investigación del gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero.
La secretaria general, Dolores Cospedal, compareció en rueda de prensa para ratificar la denuncia que formuló el día 6 de agosto en su lugar de vacaciones desde donde -”mediante una declaración grabada distribuida a los medios de comunicación-” acusó al Gobierno de utilizar las instituciones del Estado para interceptar las conversaciones telefónicas de algunos dirigentes de la oposición.
Cospedal se negó a aportar nuevos datos sobre las circunstancias o personas espiadas y repitió, esta vez ante los periodistas, los términos de su declaración. «Todo lo que tenía que decir sobre ese asunto ya lo he dicho», afirmó cuando le fueron reclamados nuevos datos. Explicó que la denuncia debe ser investigada ahora por los tribunales de Justicia ante los que su partido presentó una denuncia genérica por interceptación ilegal de comunicaciones, el pasado 24 de julio. Pero también demandó una respuesta del Ejecutivo. «En cualquier país democrático -”declaró-” si la oposición dice que se siente observada y que se le está espiando, lo que se hace por parte del Gobierno es abrir una investigación y no insultar y salir corriendo a la defensiva».
Para presionar al PSOE y obligarle a tomar medidas, el Grupo Popular dedicará una sesión de la Diputación Permanente, prevista para la próxima semana, para exigir las comparecencias de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega; el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido.
Los populares quieren pedir explicaciones sobre las filtraciones del caso Gürtel.