Los partidos ponen fin al autobombo del Gobierno en campañas electorales

Es un clásico de las vísperas electorales: la inauguración por parte de la autoridad de turno de una carretera, un puente o cualquier otra infraestructura. Pues bien, para los próximos comicios ni el presidente del Gobierno ni los ministros ni los gobernantes autonómicos ni los alcaldes podrán cortar cintas, colocar primeras piedras o descubrir placas en los 54 días que van desde la convocatoria a la jornada de votación. Los partidos han llegado a este acuerdo en la subcomisión del Congreso que trabaja desde hace un año en la reforma de la ley electoral.

Se pondrá fin así a las arduas polémicas que se suscitan cada vez que hay comicios generales, europeos, autonómicos o locales. La última fue la que protagonizó la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que el 6 de junio pasado, en la jornada de reflexión de las últimas elecciones al Parlamento Europeo, inauguró una línea de vuelos regulares entre su ciudad y Nueva York. En futuros comicios ya no habrá lugar para estas discusiones gracias al pacto alcanzado en la subcomisión parlamentaria, un consenso que abarca también a la prohibición de las campañas institucionales en las semanas previas a las elecciones para ensalzar los logros alcanzados por una u otra administración.

Los primeros pasos . El acuerdo se plasmará en la reforma de la ley electoral que se acometerá en esta legislatura y cuyas bases van fraguándose sin estridencias gracias a la similitud de los puntos de vista de los dos partidos mayoritarios en numerosos apartados. PSOE y PP coinciden, por ejemplo, en que la anunciada circunscripción electoral exterior para los emigrantes españoles se limite a la elección de representantes para el Senado, no para el Congreso como se planteó en un principio. Fuentes de ambas formaciones aducen problemas de todo tipo, desde legales a logísticos, para incrementar el número de diputados con los representantes de la emigración.

Los socialistas dicen que surgirían problemas de proporcionalidad ya que, conforme a la legislación vigente, la colonia española en el exterior debería tener más de 15 diputados para tener una presencia acorde con el número de residentes fuera. Tal cuota daría a los emigrantes, alejados de la realidad española, un papel decisivo en la conformación de mayorías parlamentarias. Los populares comparten en buena medida ese razonamiento y añaden que la Constitución establece que la circunscripción electoral es la provincia, un requisito que no se cumpliría con un electorado disperso por decenas de países. Ambos partidos confluyen en que la solución podría ser que los emigrantes elijan entre tres y cinco escaños en el Senado, que es la cámara de representación territorial.

1397124194 Voto emigrante. PSOE y PP están de acuerdo asimismo en suprimir el voto emigrante las elecciones municipales porque no son pocos los casos de localidades que tienen un censo mayor en el extranjero que en España y se da, por tanto, la paradoja de que los alcaldes sean elegidos por quienes no pisan desde hace años el pueblo o no lo han hecho nunca. El criterio para participar en las municipales debe ser «la vecindad», apostillan desde el partido opositor. La discusión se centra ahora si este planteamiento también es válido para los comicios autonómicos, terreno en el que ninguno de los dos partidos tiene aún una postura definida.

No todo, sin embargo, es sintonía. Socialistas y populares mantienen desavenencias sobre la fecha tope para publicar las encuestas electorales. El PSOE defiende en la subcomisión que no exista límite y se puedan publicar sondeos hasta el último día de campaña. El PP, apoyado por los nacionalistas, es partidario de no modificar la norma y mantener que no se puedan publicar estudios demoscópicos después del último fin de semana previo a la jornada de votación.