Los jueces exigen al Gobierno un nuevo modelo salarial para evitar otra huelga
Las asociaciones quieren que se tenga en cuenta la carga de trabajo de los juzgados; los complementos retributivos y el pago de las guardias son los asuntos más críticos
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, con los representantes de las asociaciones judiciales.
El Gobierno tiene por delante tres semanas para solventar la papeleta y no verse abocado a vivir una nueva huelga de jueces. Las asociaciones judiciales han puesto como fecha tope el 22 de septiembre para que se resuelva una de las principales reivindicaciones de la carrera: la elaboración de un nuevo marco salarial. En caso contrario, el paro está garantizado y será el 8 de octubre, como ya anunció la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera.
La APM, Jueces para la Democracia (JpD) y la asociación Francisco de Vitoria (FV) emplazan al Ministerio de Justicia a que, en la reunión del 22 de septiembre, ponga sobre la mesa un borrador del nuevo sistema retributivo. El modelo salarial vigente debió actualizarse hace un año, pero entonces no se llegó a un acuerdo tras rechazar los jueces las subidas que proponía el ministerio.
Las diferencias son sustanciales tanto en el pago de las guardias y las sustituciones como en los complementos salariales, auténtico caballo de batalla de las negociaciones.
Los colectivos de jueces piden que el aumento de las guardias sea superior al 20% planteado por el ministerio y solicitan eliminar las retribuciones variables referidas a la productividad.
Estos complementos, regulados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la ley de retribuciones aprobada en 2003, se miden por objetivos y resultados. Es decir, si un juzgado alcanzaba un rendimiento individual notable, cifrado en un 20% del objetivo asignado, se producirían incrementos salariales de hasta el 10%. En caso contrario, los ingresos fijos disminuirían un 5%.
Un 40% de los 5.000 miembros de la carrera judicial cobran este suplemento. Esto es, al sueldo fijo de los jueces de entre 3.000 y 6.000 euros mensuales, según la categoría y la antigüedad, se le sumarían entre 300 y 600 euros dependiendo del rendimiento de su juzgado.
Pese a la cuantía, el reglamento aprobado por el CGPJ no colmó las expectativas de los togados y dos años después de su entrada en vigor fue anulado por el Tribunal Supremo tras admitir los recursos de dos asociaciones. El alto tribunal sentenció en 2006 que la medición de la carga trabajo a través de los denominados módulos es «básicamente productivista» y no atiende a la situación laboral de cada juzgado.