Reportaje | MELCHOR SÁIZ-PARDO
Secretos compartidos
Rubalcaba permite a EE.UU. conocer datos de la «vida sexual» y la «opinión política» de españoles sospechosos de terrorismo
La CIA, el FBI o cualquier agencia especializada en terrorismo o en delitos graves tendrá acceso a los archivos españoles más confidenciales. España nunca había llegado tan lejos en la cooperación internacional, ni siquiera con Francia. Un acuerdo firmado el pasado 23 de junio en Washington entre el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, el fiscal general estadounidense, Eric Holder, y la secretaria adjunta de Seguridad Nacional, Jane Holl Lute, dio luz verde a que los agentes antiterroristas norteamericanos tengan acceso directo a las bases de datos policiales españolas, incluidas aquellas que contengan datos tan íntimos como «opiniones políticas», «vida sexual» o prácticas religiosas de sospechosos. El pacto es recíproco y, así, los funcionarios de Interior también podrán consultar sin intermediarios y sin apenas restricciones los archivos estadounidenses sobre huellas dactilares, ADN y antecedentes penales en busca de posibles activistas.
El acuerdo tiene un nombre tan neutro como «convenio sobre incremento de cooperación para impedir y combatir la delincuencia grave». Ese epígrafe inocuo hizo que entonces pasara desapercibido en medio de otra riada de protocolos y en plena polémica sobre el traslado de presos a Guantánamo a España. Pero detrás de ese título, advierten ahora juristas y responsables de la lucha antiterrorista, se esconde un acuerdo sin precedentes y extremadamente delicado.
El artículo más peliagudo del convenio es el 13. Ese precepto autoriza a las autoridades españolas a «facilitar» a los funcionarios antiterroristas norteamericanos «datos personales que revelen el origen racial o étnico, opiniones políticas o creencias religiosas o de otra índole y afiliación sindical» o informaciones personales sobre «la salud o la vida sexual» de sospechosos. Eso sí, advierte el protocolo, esos datos sólo podrán entregarse a Estados Unidos «si son especialmente relevantes» para investigaciones.
Los dos gobiernos reconocen la «especial sensibilidad» de la cesión de estas informaciones sobre sospechosos, por lo que se comprometen a «adoptar las salvaguardias adecuadas» para proteger la privacidad.