La Fiscalía pide al juez Garzón que archive la causa del «chivatazo» a ETA

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al juez Baltasar Garzón que archive la causa del «chivatazo» a ETA por falta de autor conocido. El Ministerio Público alega que, tras más de tres años de investigaciones, ha sido imposible identificar a la persona que en 2006 alertó a la red de extorsión de la banda terrorista de que la policía estaba a punto de desencadenar una gran redada contra ese aparato de chantajes de ETA. Es más, la Fiscalía argumenta que no hay pruebas concluyentes de que esa misteriosa llamada llegara a producirse.

El departamento que dirige Javier Zaragoza, según informaron ayer fuentes judiciales, ha reclamado sobreseer el caso ya que todas las diligencias realizadas por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional han terminado en vía muerta. Ni siquiera han servido para identificar a la persona que entregó un móvil el 4 de mayo de aquel año al supuesto cabecilla de la red, Joseba Elosúa, ni al individuo que minutos después, en una llamada a ese teléfono, facilitó detalles muy precisos sobre la operación en ciernes.

Finalmente, esa redada, ordenada por el juez Fernando Grande-Marlaska, sustituto en aquel momento de Garzón, tuvo que paralizarse y no se produjo hasta el 20 de junio. El operativo se saldó con 18 detenidos en España y Francia, entre ellos el propio Elosúa, dueño del bar Faisán de Irún, centro neurálgico de la red.

Tampoco han tenido resultado, según la Fiscalía, las ruedas de reconocimiento a las que se sometió a Elosúa para que identificara a la supuesta persona que le entregó el terminal telefónico ni el rastreo de los cientos de llamadas telefónicas realizadas el 4 de mayo, en torno a las once de la mañana, a móviles situados en ese momento en las inmediaciones de Irún.

Grande Marlaska abrió una pieza separada para investigar la filtración después de que la policía tuviera constancia del «chivatazo» gracias a un radiotransmisor que los agentes habían colocado en el vehículo de Elosúa. El dueño del bar Faisán, en una conversación con su yerno en el interior del coche, relató cómo un desconocido, un varón, le había alertado de que la red de cobro del impuesto revolucionario estaba siendo investigada y que avisaba «para no fastidiar todo el proceso» de paz. El «chivatazo» se produjo mes y medio después de que ETA declarase el alto el fuego de marzo de 2006.

El mismo día de la filtración, el ex dirigente del PNV Gorka Aguirre, que actuaba como intermediario, tenía previsto entregar el dinero de un empresario vasco chantajeado por los terroristas.

Aguirre, ya fallecido, llegó a estar imputado en la causa de la red de chantaje.

1397124194 Ceses y sospechas. Durante la instrucción, la Audiencia Nacional llegó investigar a una veintena de altos cargos del Ministerio del Interior, de los Servicios de Información del Cuerpo Nacional de Policía y responsables socialistas. El caso del «chivatazo» terminó pasando factura a algunos de ellos. El ex director de la policía Víctor García Hidalgo y el entonces comisario general de Información, Telesforo Rubio, apartado del caso por su falta de colaboración, fueron cesados a raíz de aquel escándalo.

Informaciones sensibles. El escrito presentado por la Fiscalía responde a un requerimiento de Baltasar Garzón, quien el pasado septiembre pidió al Ministerio Público que dijera si apoyaba transformar las diligencias previas en sumario o sobreseer el caso, y si consideraba que había que levantar el secreto del sumario. La Fiscalía defendió el archivo y el fin del secreto, pero con matices. Reclamó mantener opaca una buena parte de la causa, habida cuenta de lo sensible de las informaciones sobre miembros de las fuerzas de seguridad y altos cargos socialistas y de Interior que figuran en esos documentos.

Garzón, que ha aceptado alzar de forma parcial el secreto, ha dado un plazo de diez días a las partes para sus alegaciones.

Transcurrido ese tiempo, decidirá si da carpetazo definitivo al caso al no tener sospechosos. Entretanto, en el sumario contra la red de extorsión hay todavía 24 inculpados a la espera de juicio.