La crisis del «Alakrana» airea las diferencias internas del Gobierno
Defensa tuvo que emitir un comunicado conciliador ante la tensión creada en el que asegura que la decisión de traer a los piratas se tomó por unanimidad

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, responde a los periodistas en París.
La gestión del secuestro del Alakrana se ha convertido en un auténtico problema para el Ejecutivo. Cuarenta y dos días después de que el atunero español fuera apresado por asaltantes somalíes, la crisis no sólo sigue sin resolverse sino que ha empezado a provocar tensiones internas. El Ministerio de Defensa remitió ayer una nota con este titular: «El Gobierno asumió por unanimidad la decisión de traer a los piratas». Con esta frase se pretendía poner fin a la imagen de división entre la vicepresidenta De la Vega, y la ministra de Defensa, Carme Chacón, alimentada en las horas previas.
El arresto de Abdu Willy y Raageesey está en el centro de la polémica. Nadie en el Gobierno niega que la decisión de apresar a estos dos hombres cuando trataban de llegar a tierra en un esquife del propio atunero ha complicado mucho las cosas. No es ya que haya encarecido el precio del rescate -”consecuencia que enseguida fue evaluada en el gabinete de crisis-” sino que ha terminado por dificultar el desenlace del secuestro y ha puesto al Estado en la tesitura de recurrir a la ingeniería jurídica para satisfacer las demandas de los captores sin incumplir la ley.
Hasta este jueves, el evidente desgaste que este asunto ha generado en la imagen del Ejecutivo parecía repartirse a partes iguales entre la ministra de Defensa y la vicepresidenta, como coordinadora mayor. Es cierto que algunos grupos parlamentarios -”especialmente el PNV, que durante meses reclamó mayor protección del Ejército para los pesqueros del Índico-” han cargado mucho las tintas con la primera. Pero dos informaciones elaboradas por El Mundo y la cadena Ser, con datos de su departamento situaron De la Vega en el centro del disparadero.
En un caso, se absolvía a Chacón de la decisión de traer a los compinches de los piratas a España en lugar de llevarlos a Kenia y, en el otro, se achacaba a Moncloa haber desoído un informe del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas que desaconsejaba, no ya poner el caso en manos de la Audiencia Nacional, sino la detención misma de los somalíes. En el Ministerio de Presidencia, del que también es titular Fernández de la Vega, no niegan que dicho informe existiera, pero aseguran que nadie lo puso encima de la mesa en el gabinete de crisis.