El juez rechaza hospitalizar a Haidar, que no quiere tratamiento médico
España pide ayuda a la ONU para intentar solventar el caso de la saharaui
El juez de Arrecife Jerónimo Alonso rechazó ayer la hospitalización de Aminatu Haidar e, incluso, someterla a tratamiento médico en contra de la voluntad de la activista, que ha dejado claro que no quiere ningún tipo de asistencia sanitaria.
Mientras, el Gobierno ha intensificado sus gestiones y contactos para buscar una solución a la situación de la activista, que ayer ha comenzado su cuarta semana en huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote para exigir su vuelta a El Aaiún, la capital de Sáhara Occidental de donde fue expulsada por las autoridades marroquíes.
Después de que el domingo una comisión judicial acudiera al aeropuerto para comprobar su estado de salud, Haidar ha rechazado ser atendida por cualquier médico, ni siquiera por el facultativo Martín de Guzmán, quien de forma voluntaria la ha estado visitando desde el inicio de su protesta.
«El juez me ha empujado a tomar la decisión de renunciar a toda atención médica», ha explicado Haidar en un comunicado justo después de que se anunciara que el juez tenía previsto mandar a otro médico para comprobar su estado, ya que hay informes contradictorios sobre los efectos en su salud de la huelga de hambre que mantiene.
Con todo, el juez de Arrecife ha acordado «no haber lugar al traslado forzoso de Aminatu Haidar a un centro hospitalario para que se valore su estado de salud o para que sea sometida a tratamiento médico contra su voluntad.»
Entre tanto, jueces y fiscales de la Audiencia Nacional han coincidido en que la activista podría ser alimentada de manera forzosa cuando pierda la consciencia, si bien han reconocido que no hay ningún precedente equiparable al de Haidar, que no está en situación de dependencia del Estado ni bajo otro tipo de tutela al ser mayor de edad. Por su parte, desde el colectivo médico se ha señalado que ningún facultativo puede obligar a una persona a alimentarse y debe respetar su decisión aun cuando ponga en riesgo su vida. En todo caso, el Gobierno va a proceder de acuerdo con las leyes españolas porque no va a dejar que una persona «se muera por falta de alimentación», en palabras del ministro de Fomento, José Blanco.
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha solicitado la colaboración tanto del secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, como de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay. También, el titular de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha mantenido una nueva conversación telefónica con su homólogo marroquí y ha aprovechado una serie de contactos diplomáticos en Bruselas con la parte alauí para trasladar la preocupación del Gobierno español por este caso.
Pero también se han producido contactos con Argelia y el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel Lossada, se ha reunido con representantes del Frente Polisario para informarles de todas las iniciativas.