¿Quién se come el marrón?

En el mejor de los casos, los servicios mínimos oficiales no podrán entrar en vigor al menos hasta el lunes, es decir, una semana después de que se iniciara la primera convocatoria de paro de los trabajadores del CTR y sus plantas y ya en la fase de la movilización indefinida anunciada. Hasta ese día, la plantilla seguirá paralizando el 100% la actividad en la recepción y tratamiento de residuos de toda la provincia, haciéndose cargo únicamente de los desechos de los centros hospitalarios, como hasta ahora. En un cúmulo de despropósitos en cadena, una huelga que afecta a un servicio tan sensible como la recogida de basura campa a sus anchas sin ningún tipo de regulación y entra hoy en su cuarta jornada. Primero, la empresa no remitió hasta el miércoles a la Delegación de la Junta de León la propuesta de servicios mínimos, cuando en realidad se había comprometido con Gersul a presentarla el viernes día 4. De oca en oca. De León pasó a Valladolid esa misma mañana (día 9). Llegó a la Consejería de Medio Ambiente, que tardó 24 horas hasta determinar que no era competente en esta materia y pasar ayer la pelota a Gersul (citando la Ley 10/1998, que indica que este asunto deben de solucionarlo las entidades locales, y un decreto posterior que fija que existe la posiblidad de que otras autoridades puedan entrar en la extinción del conflicto). Por su parte, el consorcio recordó que esa competencia debe estar en manos de la autoridad gubernativa y especificó que Gersul no tiene tal carácter. Los sindicatos afirman que también tiene que ser la Junta como autoridad laboral ante un conflicto entre trabajadores y una empresa privada. «No es lógico que a estas alturas de la película no haya servicios mínimos en un asunto vital e indispensable. La Junta no nos ha dejado otra salida en este juego de lanzar la pelota unos a otros y lo haremos nosotros», dijo mostrando su perplejidad. El consorcio preparó ayer, tras conocer la noticia, el decreto para fijar los servicios mínimos, que ahora deberá publicar en el Boletín Oficial de la Provincia para oficializarlos. A partir de ese momento (el lunes) los trabajadores decidirán si los aceptan o los impugnan llevando el caso ante el Contencioso para que decida.