Prioridad, urgencia y consenso para la nueva Ley de Atención Residencial
Era un compromiso de legislatura pero la pandemia la hace no sólo más necesaria, sino también prioritaria y urgente. Tanto que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades pretende aprobar el próximo año la nueva Ley de Atención Residencial. Expertos de distintos ámbitos sociales, entre cincuenta y sesenta personas, trabajarán ya desde la próxima semana y hasta el mes de octubre para establecer en primer lugar la metodología de acción y avanzar en la redacción del texto.
Si bien es cierto que los protocolos establecidos y todo lo referente a las visitas están funcionando adecuadamente, aunque nadie pueda garantizar que en algún momento se detecten nuevos casos, la crisis desatada por el covid-19 dejó el descubierto la especial vulnerabilidad de los mayores y puso en evidencia la precariedad y las deficiencias en algunas residencias en concreto, sin que esa percepción puede generalizarse.
Sin embargo, más allá de los planes de contingencia aprobados hace unas semanas, es necesario dar algunos pasos grandes, recorrer un camino más largo y hacerlo con diligencia, pero también con responsabilidad, seguridad y las máximas garantías. Una amplia participación de todos los sectores es esencial, y así deben entenderlo la Consejería de Sanidad y la Gerencia de Servicios Sociales. Sindicatos, patronal, asociaciones de personas mayores o con dependencia, colegios profesionales y grupos políticos y en general expertos relacionados con la gerontología y la atención residencial tienen mucho que aportar y deben ser escuchados y tenidos en cuenta. Lo mismo que la evaluación de los distintos modelos adoptados no sólo en España sino también en otros países con larga trayectoria y acreditada experiencia que pueden ser tomados como referencia.
El máximo consenso habrá de ser un objetivo irrenunciable en aspectos que tienen que ver con la atención de la persona, las unidades de convivencia, la seguridad y la prestación sanitaria, sin olvidar nunca aspectos éticos en la relación interpersonal y, por supuesto, también los del ámbito laboral, cuya precariedad también quedó al descubierto. El reto ahora para las políticas públicas es avanzar en la reconstrucción del modelo asistencial puesto en jaque por esta crisis. De su éxito dependerá en buena parte la medida real de la solidez de nuestro Estado del bienestar, al que tanto apelamos.