Estado de desmadre ante la pandemia

Una de las muchas cosas que la crisis del Covid-19 ha puesto a prueba es al Estado de las Autonomías, que, desafío soberanista catalán aparte, nunca se había visto sometido a un verdadero test de estrés. El hecho de que el grueso de las competencias sanitarias esté transferido a las comunidades ha otorgado a los gobiernos autonómicos un protagonismo político que la mayoría de ellos jamás había conocido. Y, por ende, ha obligado al gobierno central a mantener un nivel de interlocución hasta ahora inédito.

Zapatero, cuya cerrazón para admitir la dimensión de la crisis financiera de 2008 ocultó otros notables logros de su gestión, fué quien instauró la Conferencia de Presidentes como foro de encuentro y debate sustitutivo del papel que debiera cumplir el Senado, que, 42 años después, sigue sin ser la Cámara de las Autonomías concebida por la Constitución.

Llegado el momento, en la primera oleada de la pandemia el gobierno central no dudó en decretar el estado de alarma e imponer un confinamiento general de aplicación en todo el territorio nacional. Con ello cargó sobre sus hombros todo el coste político de la crisis, soportando de paso los reproches de determinados gobiernos autonómicos que decían sentirse ninguneados y las acusaciones de PP y Vox de utilizar el estado de alarma para suspender y recortar derechos fundamentales de los españoles.

Escaldado ante ese coste político y el desgaste generado por las últimas prórrogas del estado de alarma, en la segunda ola de la pandemia el gobierno Sánchez ha optado por compartir con las comunidades autónomas la toma de decisiones. Es lo que se ha dado en llamar cogobernanza. Pero se le ha ido la mano y en la práctica asistimos casi a un movimiento pendular. Una cosa es que se debatan y pacten las lineas básicas de la estrategia comun a seguir y otra que cada una de las 17 comunidades autónomas decida a la carta las medidas a tomar, incluso aunque éstas no se atengan al marco legal.

Con su decisión de acceder al capricho de la Comunidad de Madrid de aplicar un confinamiento perimetral limitado a los puentes, el gobierno ha sentado un grave y peligroso precedente que está dando pábulo a todo tipo de ocurrencias. Urge que Sánchez ponga coto al desmadre que él mismo ha provocado y recupere una estrategia nacional uniforme ante la pandemia. De lo contrario, más pronto que tarde estaremos abocados a retroceder al confinamiento general de marzo. Si es que no lo estamos ya.