Editorial | El plan contra la despoblación debe teñirse de realidad

Ciento treinta medidas y diez ejes de actuación ha aprobado el Gobierno central en el último Consejo de Ministros para afrontar la despoblación rural, unas propuestas que vienen avaladas por la consignación de 10.000 millones euros del Fondo de Recuperación y Resiliencia pero que, aún así, generan cierto escepticismo en nuestros castigados y desencantados pueblos. Los seis Grupos de Acción Local (GAL) de León, que representan prácticamente todo el territorio rural de la provincia, se pronuncian sobre esta nueva ofensiva gubernamental con diferentes matices en sus valoraciones pero con una postura común: si alguien sabe de carencias y desigualdades son ellos, y quizás también sean ellos quienes tengan la clave para implantar actuaciones solventes y realistas en este momento tan decisivo para sobrevivir o morir.

Por eso quieren formar parte activa del proceso, que los ayuntamientos, la administración a pie de calle, alcancen su ‘mayoría de edad’ para que sus percepciones sean tenidas en cuenta. Y que, dentro de los millones de caracteres que esbozan el futuro de los pueblos en la sonora Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, se prioricen ‘los servicios, los servicios y los servicios’ porque de nada sirve —dicen, y con razón— un plan con 10.000 millones de euros «si luego quitan los médicos y los maestros». Es de reconocer que estamos ante una encrucijada que a bote pronto no suena mal pero hará falta mucho más que papeleo para convencer a gente que ya está muy curada de espantos.