Minorías resilientes
Tras un paréntesis de tregua demoscópica, la semana en curso nos ha traído nuevas encuestas sobre las elecciones autonómicas del 13-F, unos comicios nada fáciles de sondear habida cuenta del cúmulo de circunstancias excepcionales que rodean su convocatoria.
De hecho, los sondeos publicados ayer, bastante coincidentes entre sí, difieren notablemente de los conocidos semanas atrás, de trazo más bien grueso. No sé pone en duda que el PP de Alfonso Fernández Mañueco será con diferencia la fuerza más votada, pero ni por asomo alcanzaría los 41 escaños que marcan la mayoría absoluta. El PSOE cae por debajo de los 30 procuradores, lo que le deja sin margen de maniobra para formar una mayoría alternativa, toda vez que se confirma la irrupción de Vox como tercera fuerza política rozando la decena de escaños.
Confirmada también la debacle electoral de Ciudadanos, de la que se salvaría únicamente Francisco Igea, cabeza de lista por Valladolid, las nuevas encuestas dibujan un futuro grupo mixto formado por no menos de cinco fuerzas políticas (Unidas Podemos, Unión del Pueblo Leonés, Por Ávila, Soria ¡ya! y Cs) que podrían sumar alrededor de ocho procuradores. Puede parecer paradójico que en unas elecciones planteadas en clave nacional no solo sobrevivan todas las minorías anteriores, sino que además se incorpore alguna más. Pero tiene su lógica dada la fragmentación del voto en el medio rural, en el que de repente todos han puesto sus miras electorales.
Dando por descontado que la no coincidencia con las elecciones municipales, unida a la situación de pandemia, restará participación, la abstención se perfila como un factor determinante el 13-F. Y cunde la impresión de que el último de los escaños a elegir en cada provincia puede decantarse de uno u otro lado en función de unas decenas de votos.
De confirmarse una Cámara con ese amplio grupo mixto, el PP podría encontrar en él apoyos puntuales suficientes para gobernar en minoría sin necesidad de pactar un gobierno de coalición con Vox. Isabel Díaz Ayuso lo viene haciendo en la Comunidad de Madrid gracias a la incompatibilidad entre la oposición de izquierda y la formación ultraderechista.
En contra de lo planteado por UGT y CC OO, el PP no se prestará en Castilla y León a establecer un «cordón sanitario» contra Vox. Pero la aritmética parlamentaria puede exonerarle de tan indeseado socio de gobierno.