Diario de León

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En unos pocos días empieza todo. Constituidas las Cortes, elegido el presidente del Congreso y los miembros de la Mesa —y superado el espectáculo que darán algunos diputados con las fórmulas de juramento tan inconstitucionales como estúpidas— empezaremos a saber de verdad si las matemáticas les salen a unos y otros. Cada voto cuenta y los siete de Puigdemont más que todos. Luego viene el desfile de los portavoces ante el Rey Felipe para que éste se haga una idea de los apoyos con los que cuentan los posibles candidatos y designe a uno de ellos para la investidura.

El sistema parlamentario español no garantiza que quien gane las elecciones sea el candidato a la investidura sino quien tenga los apoyos suficientes. Hay, sin embargo, tres problemas. Uno, que el PP parece contar con 172 votos —los suyos, los de Vox y los de UPN y Coalición Canaria— y el PSOE 171 —los suyos más los de Sumar, ERC, Bildu, BNG, PNV—, porque nadie sabe lo que hará Puigdemont con los suyos, si abstenerse o votar a favor de Sánchez.

El segundo, que Bildu y Junts en su habitual línea de falta de respeto al jefe del Estado, no acudirán a La Zarzuela, con lo cual el Rey no sabrá de primera mano cuál será el sentido de su voto y tendrá que fiarse de lo que le dicen. Y tercero, que, sin duda alguna, el PSOE está negociando en estos momentos con cada uno de los posibles aliados —incluido un golpista, prófugo de la justicia, enemigo declarado del Estado español— y sin ninguna transparencia, el precio a pagar.

El Estado de Derecho, el imperio de la ley, el respeto a la Constitución es la base de la democracia por encima de cualquier otra consideración. Y en la situación actual, un huido de la justicia que está pendiente de ser juzgado, un partido que declaró ilegalmente la independencia de un territorio español y otros partidos, igual de minoritarios, que defienden acabar con la Monarquía y la Constitución, tienen la llave de la gobernabilidad.

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