Negociado de despoblación
Este verano me puse a ver con cierto entusiasmo la película francesa Pequeñas victorias. Mis expectativas se vinieron abajo con un desenlace poco esperanzador para los territorios despoblados que, al igual que en España y en León, sufren la falta de servicios esenciales. A ratos hasta se mofaban de esta realidad. La alcaldesa y a la vez maestra del pueblo intenta reabrir la panadería. Ante la falta de ofertas, los vecinos asumen la autogestión. Al cabo de unos días, a espaldas de la munícipe, la convierten en un bar clandestino.
No es que la alcaldesa esté en contra de los bares. Es que lo tienen prohibido y les podría suponer una sanción del departamento —algo así como la Diputación o la Junta en León—. La película, aparentemente centrada en un hombre mayor que se cuela en la escuela para aprender a leer y escribir, da un giro cuando se presenta en el pueblo un inspector de educación. La escuela sobrevivía milagrosamente hasta que el funcionario hace recuento de alumnado. Faltan tres escolares para cumplir la ratio mínima. Los esfuerzos de la alcaldesa (y maestra) se focalizan ahora en salvar la escuela. Pero nada sale bien. Ni siquiera las triquiñuelas para simular ante el inspector el aumento de la matrícula con escolares postizos.
El final es tan desalentador como la realidad que se vive en muchos pueblos. Confieso que me decepcionó. La despoblación, en la que las grandes corporaciones eléctricas han visto un negociazo con el new green deal , se ha convertido en un negociado para la política. Cada cual abre su chiringuito. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, está más contento que un niño con zapatos nuevos con su negociado de despoblación para repartir cheques de 2.000 euros. Ya se ven colas desde Valladolid hasta Izagre, ese lugar donde los políticos que prosperan en Madrid se olvidan de que León existe.
Mientras el presidente abre la ventanilla de su negociado y tira de chequera, la Consejería de Educación niega el pan y la sal a la escuela rural. No entiende el presidente, tan ocupado con el asunto catalán, que la lucha contra la despoblación no es un negociado y que para repoblar hay que ofrecer servicios reales, eficientes y adaptados al medio rural. Que no hay mejor cheque que igualar en derechos a las familias claman por servicios de comedor o conciliación, como ha reclamado de oficio y a instancias de las familias de Vegas del Condado el Procurador del Común. A las familias las aburren con sus armas burocráticas y al Común le toman por el pito del sereno. Como en la película, se mofan y dejan claro, a veces de forma explícita, que lo mejor que pueden hacer es cerrar la escuela rural y enviar a sus hijos e hijas a un colegio de la capital con comedor de línea fría y menú antikilómetro cero. Hay quien resiste, pero hay quien no tiene más remedio que claudicar.