Siete diputados
El daño ya está hecho. Con consecuencias a medio y largo plazo imprevisibles para la estabilidad de la separación de poderes que, con arreglo al mandato constitucional, es pilar fundamental del Estado democrático y de derecho. El acuerdo firmado entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont para conseguir que los diputados de Junts voten a favor de la investidura a cambio de una amnistía redactada al dictado de quienes se beneficiaran de ella, concita tal rechazo político, institucional y social que cuesta entender cómo el presidente en funciones pretende seguir adelante con él.
Que las cuatro asociaciones profesionales de magistrados, jueces y fiscales, señalen que el contenido del acuerdo «quiebra la separación de poderes» y abre la puerta a depurar a jueces incomodos —¡iniciativa insólita que podrían llevar a término comisiones de investigación creadas en el Congreso!— refleja el dislate jurídico al que pretenden abocarnos.
Que a la denuncia a la que se han unido también los inspectores de Hacienda —contrarios a ceder a Cataluña el control de todos los impuestos— y otros colectivos, caso de un grupo de diplomáticos alarmados porque el acuerdo acepta imponer la figura de un mediador internacional encargado de verificar el cumplimiento del acuerdo —como si Cataluña fuera un territorio en vías de descolonización, tipo Macao—, solo añade indignidad al desconcierto.
Sánchez ha hecho suyo el relato falsario de quienes intentaron ilegal y unilateralmente la secesión en 2017 y ha dejado que Puigdemont, un prófugo de la Justicia, explique un acuerdo que deslegitima al Estado, a los jueces y a los funcionarios de policía que cumplieron con su deber frente a quienes las intentaron quebrar la legalidad. El PSOE acepta que sea el Estado quien pida perdón por aquellos hechos y no que lo hagan quienes se saltaron la ley cometiendo todo tipo de delitos. Es un trágala que Pedro Sánchez impone a todos los españoles a cambio de seguir en La Moncloa.
Tengo para mí que hemos llegado demasiado lejos y que ante la incertidumbre de qué es lo que vendrá después, a qué más se ha comprometido Sánchez con un Puigdemont —asegura que habrá referéndum de autodeterminación—, la única salida será la respuesta cívica de la sociedad manifestándose pacíficamente y sostenidamente contra la amnistía, rechazando la provocación de la violencia. O que, perdida la esperanza de que Sánchez atienda el requerimiento de Felipe González para que dé marcha atrás, rompa con Puigdemont y convoque elecciones, la próxima semana, el día de la votación de la investidura, siete diputados socialistas recuperen la cordura y no secunden los planes de un arribista cuya ambición está llevando al país y al Partido Socialista por una senda de perdición.